El Tribunal Supremo ha absuelto al exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril y el constructor Agapito Iglesias del delito de malversación de caudales públicos por el que la Audiencia Provincial de Zaragoza les impuso penas de cuatro años de prisión a cada uno.
El Alto Tribunal no sigue el criterio de la audiencia en cuanto a que las obras debió pagarlas la propia empresa Autocity, porque la empresa de Iglesias, Codesport, mantenía el contrato con Plaza. Y a diferencia del tribunal provincial, considera que no puede hablarse de malversación cuando no hubo lucro en ninguna de las partes: Iglesias (o su empresa), cobró un dinero que efectivamente se le debía, por obras realizadas; y si él no se lucró indebidamente, difícilmente pudieron hacerlo quienes le pagaron.
El Supremo modificó recientemente el criterio sobre las sociedades de carácter mixto, a raíz de este caso, de forma que el dinero de Plaza se considera público y con él el delito de malversación podría haberse mantenido. Pero no concurren los elementos necesarios para él, concluyen los magistrados.
El tribunal rechaza además el recurso del Gobierno de Aragón, que seguía manteniendo que hubo un sobrecoste de 17 millones de euros (la sentencia limitaba el dinero a 8,7 millones abonados con los pagarés).
