+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

GESTIONES BAJO SOSPECHA.

El Supremo anula una adjudicación de la DGA investigada por Fiscalía

Revoca la contrata de 45 millones del transporte sanitario urgente del 2005.El Gobierno deberá indemnizar con más de 5 millones a la empresa perjudicada.

 

Ambuibérica lideraba la UTE adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente. - Foto: EL PERIÓDICO

E. BAYONA / F. MANTECÓNE. BAYONA / F. MANTECÓN 14/07/2011

La contrata para el servicio de transporte sanitario urgente que el Gobierno de Aragón adjudicó en el 2005 a un grupo de empresas liderado por Ambuibérica no solo fue polémica sino también ilegal, según ha resuelto el Tribunal Supremo, que acaba de confirmar la anulación que ya ordenó hace dos años y medio --en febrero del 2009-- el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Y también va a resultar cara para las arcas autonómicas, ya que las empresas perjudicadas --básicamente Ambulancias Teruel-- deberán recibir una indemnización que superará los cinco millones de euros.

Este contrato, adjudicado en febrero del 2005 por 45,4 millones de euros, es uno de los investigados por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza tras detectar irregularidades el Tribunal de Cuentas. Tanto el TSJA como el Supremo declaran el derecho de la UTE formada por Ambulancias Teruel y Emergencias Aragón "a ser adjudicataria del mencionado contrato" en lugar de la agrupación formada por Ambuibérica, Aragón Asistencia y Ambulancias Valladolid.

La adjudicación definitiva la ordenó la entonces consejera de Salud, Luisa María Noeno, tras resolver un recurso contra la revisión de las puntuaciones de las ofertas que efectuó el exgerente del Salud.

SIN AMBULANCIAS La principal irregularidad cometida por la DGA fue considerar que la presentación de facturas pro forma de 93 vehículos "que todavía no están matriculados" y que "se van a adscribir al contrato de ser adjudicatarios" era suficiente para cumplir la obligación de acreditar "la disposición, directa o indirecta, de una flota operativa" determinada. Sin embargo, los tribunales concluyen que eso es "una mera oferta de contrato o presupuesto", lo que supone que el grupo de empresas liderado por Ambuibérica "no disponía de ninguno de los vehículos ofertados, por lo que debieron ser excluídos de la licitación". Sin embargo, la ganaron.

Las sentencias constatan que "adquirieron los vehículos ofertados con posterioridad a la adjudicación", con lo que, al no disponer de toda la documentación ni haber sido acondicionada su carrocería, "no estaban operativos cuando se inició la ejecución del contrato". De hecho, comenzaron utilizando otras "que ni eran nuevas ni de la misma marca" que las ofrecidas en las plicas durante los dos meses largos --del 1 de marzo al 5 de mayo-- que tardaron en normalizar el servicio.

El Gobierno de Aragón recurrió la sentencia del TSJA alegando que la documentación que obra en el expediente demuestra que Ambuibérica sí disponía de los vehículos. El Supremo rechaza sus argumentos.