La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de siete años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos que la Audiencia de Zaragoza impuso a finales del 2012 a Gabriel Gaya, exalcalde de Pinseque por el PSOE, por haberse negado en tres ocasiones a mostrar a la oposición municipal, encabezada por el PP, las cuentas municipales.

Su abogado defensor, Álvaro Bajén, recurrió ante el Supremo esa sentencia de la Sección Tercera del tribunal zaragozano, que le absolvió del delito de malversación de caudales públicos por el que los conservadores reclamaban para él cuatro años de prisión y la Fiscalía, dos más de inhabilitación. Compartió banquillo con la exconcejal Marta de la Riva, para la que las acusaciones solicitaron penas similares y que resultó absuelta de los dos cargos.

Los hechos se remontan a la turbulenta legislatura del 2007 al 2011, en la que Gaya terminó gobernando en minoría al pasarse varios de sus concejales a UPD tras una crisis interna del grupo Socialista. La actividad municipal generó 40 causas.

Inicialmente, estaba acusado de malversación por la contratación como asesoras de dos mujeres, una de ellas esposa del teniente de alcalde, que según el PP ocupaban plazas de administrativas y efectuaban tareas de ese empleo, por la congelación del canon de 1.500 euros que gravaba la explotación del bar del polideportivo y por la concesión de una subvención de 80.000 euros al equipo local de fútbol sala después de que el pleno hubiera votado en contra de suscribir el convenio que debía regular esa ayuda. Sin embargo, las interventoras ratificaron que existían remanentes de tesorería suficientes para cubrir ambas partidas de gasto.

LAS CUENTAS

En cuanto a las cuentas, Gaya sostuvo en el juicio que si no se las mostró a la oposición fue porque resultó imposible debido a que no habían sido formuladas desde el 2006. La Audiencia calificó esa conducta como "burda y transgresora de la más elemental prudencia".

El Supremo ha tardado más de dos meses en dictar la sentencia, para lo que llegó a ordenar --algo inusual en el tribunal-- la celebración de una vista oral que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre.