El Tribunal Supremo ha dado una pequeña alegría a los miles de empleados de aquellos bancos que en su día fueron cajas de ahorro. El fallo del Alto Tribunal condena a estas entidades a pagar un complemento salarial que fue eliminado del convenio del 2016, firmado en junio de ese año. La sentencia obliga a desembolsar a la banca entre 20 y 30 millones de euros, una cantidad que ronda los 900.000 euros en Aragón, según fuentes del sector. En concreto, en la comunidad unos 3.500 trabajadores de estas entidades ingresarán unos 250 euros de media. Los principales bancos afectados por el fallo del Supremo son Bankia, Unicaja, Caja Sur Bank e Ibercaja. Unos 80.000 empleados se pueden ver beneficiados de la devolución de las cantidades no pagadas.

La sentencia del Supremo da la razón a la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros (CIC) que, de esta forma, gana la batalla judicial a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a los sindicatos CCOO, UGT y Csica-Fine, que en junio del 2016 firmaron el convenio que eliminaba el cobro de ese plus.

El presidente de CIC, Gonzalo Postigo se mostró ayer «muy satisfecho» por el fallo, contra el que ya no cabe recurso. Además, consideró que gracias a este «se recuperan derechos que se perdieron en la negociación colectiva».

Por lo pronto, Ibercaja y el resto de entidades deberá abonar a sus 3.000 empleados en Aragón entre 125 y 375 euros, en función de la categoría que ostenten en la entidad (hay hasta 14). Esas son, precisamente, las cantidades que dejaron de ingresar los trabajadores durante los seis primeros meses del 2016, ya que el convenio se firmó con efecto retroactivo a 1 de enero, algo que el Supremo acaba de tumbar.

CIC recurrió ante la Audiencia Nacional el artículo 43.3 del convenio que suprimía este plus de manera retroactiva y demandaba que se comenzara a aplicar de manera proporcional a partir del periodo entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2016. El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 13 de mayo, da la razón a la CIC al considerar que el citado convenio «invade peyorativamente un ámbito temporal en el que los trabajadores ya han generado e incorporado a su patrimonio el derecho al que afecta».

Al margen de esta demanda, CIC, junto a otros sindicatos también impugnaron la retroactividad de la medida en el caso concreto de CaixaBank. El Supremo también falló a favor de estas organizaciones y obligó a la entidad a abonar unos diez millones de euros entre sus 29.000 empleados en toda España.