El Tribunal Supremo ha avalado la condena a Fernando Labrador Alonso, exempleado de la sociedad municipal Zaragoza Cultural al que un jurado declaró culpable de malversación por haberse quedado dos fianzas de compañías contratadas por el consistorio por valor de 8.239,29 euros. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza le impuso por ello una pena de tres años de cárcel y seis de inhabilitación para cargo público --era administrativo, pero estaba "asimilado en cuanto a derechos y obligaciones a los funcionarios públicos"--, por lo que tenía que tenía que ir a prisión. Recurrió, pero el Supremo no ha visto motivos para admitirlo.

Labrador era el encargado de guardar e ingresar las fianzas que los grupos que participaban en los concursos depositaban en la sociedad, y se quedó dos de ellas, lo que se destapó cuando uno de los grupos pidió la devolución de una de ellas. En primera instancia lo negó, e incluso puso el dinero en un sobre e intentó hacer ver que siempre había estado en el despacho de su jefa, ocultándolo y llamando a compañeros para que fueran a verlo. Finalmente presentó su renuncia y devolvió el dinero, lo que le valió una rebaja de la pena, aunque no tanto como esperaba.

El recurso se basaba, entre otros motivos, en un defecto de forma por el que los hechos probados "predeterminarían" la pena, al incluir frases como la entrecomillada al inicio de este texto, que prejuzgarían que era funcionario y podía cometer malversación. Para los magistrados del Supremo, se trata de "datos, acreditados por la prueba".

De igual forma desestima que faltasen pruebas, ya que la defensa había solicitado incluir la documentación de los dos concursos cuyas fianzas se quedó y el libro de registros que él mismo elaboraba. Para los magistrados, ambos documentos son innecesarios. Igualmente descartan la falta de motivación de la sentencia --más allá del "esquematismo" propio del tribunal popular-- o la vulneración de la presunción de inocencia.