La licencia de derribo del antiguo convento de Jerusalén de Zaragoza ha quedado suspendida hasta que la comisión de Patrimonio del consistorio se pronuncie si el inmueble es susceptible de catalogación. El concejal de Urbanismo de la capital aragonesa, Víctor Serrano, informó ayer sobre este asunto que paraliza el expediente, estimó, durante más de seis meses y menos de un año.

Serrano detalló que, tras solicitar los propietarios esta licencia, se abrió un expediente que incorporó un informe técnico en el que se estimaba que el convento podría ser objeto de catalogación. «Por una cuestión de prudencia se va a tomar la decisión de paralizar el expediente de derribo», afirmó Serrano, a la vez que añadió que se van a iniciar todos los trámites necesarios para que la comisión de Patrimonio pueda tomar una decisión acerca de este asunto.

Además, el responsable de Urbanismo aseveró que no es su «idea» contravenir los informes técnicos que desarrolle esta comisión si decide que es necesario catalogar. También precisó que, en primer lugar, es labor del consistorio determinar la posible catalogación y, dependiendo de su tipo, deberá informar a la comisión provincial.

En cuanto a posibles contrapartidas que pudiera recibir la propiedad, que adquirió el inmueble antes de recibir ninguna catalogación, Serrano aseveró que «no se contempla ninguna indemnización», como tampoco espera «que se reclame» por parte de los dueños. Igualmente, Serrano informó que no ha hablado con los propietarios ni que exista vinculación alguna con el futuro del estadio de la Romareda.

La compra de este inmueble por parte de la empresa Bancalé, del empresario aragonés Juan Fabre, tiene una finalidad que, según ha podido saber este diario, pasa por reconvertir esa parcela en un mix de usos, con la construcción de un hotel y de una residencia en esos más de 20.000 metros cuadrados de superficie ubicados a escasos metros del estadio de La Romareda y del hospital Miguel Servet.

La firma aragonesa, al parecer, se hizo con un opción de compra sobre el inmueble hace «más de dos años». Un convento en el que vivían cinco monjas hasta que en el 2014 abandonaron sus instalaciones que, finalmente, ha adquirido Fabre hace pocos meses. Y de la operación nadie en el ayuntamiento sabía nada hasta que después de las pasadas elecciones se registró en Urbanismo una solicitud de licencia de demolición para derribar la edificación. La petición puso en alerta al entonces Gobierno en funciones de Zaragoza en Común (ZeC) y por eso decidió abrir un expediente para intentar su catalogación.

A la vista de las palabras del ahora concejal de Podemos-Equo Fernando Rivarés, quizá este impulso viene motivado por la sospecha de que esta operación urbanística escondiera fines ocultos vinculados a la futura reforma del estadio, algo que el actual responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, negó tajantemente el pasado lunes y que, según publicó este diario, es independiente a los planes que tienen los dueños del club para este entorno. De hecho, esos suelos eran de interés para la entidad desde hace muchos años y Fabre se les adelantó.