Un juicio que estaba previsto ayer en la Audiencia de Teruel por el supuesto desvío de 2,6 millones de euros destinados a subvenciones públicas no llegó a celebrarse debido a que uno de los seis acusados se hallaba enfermo y no pudo asistir. El fiscal mantiene que el dinero fue a parar a bienes suntuosos y no a la creación de una empresa. La vista oral ha quedado aplazada hasta una fecha sin determinar.
