Un militar de la Brigada de Caballería Castillejos de Zaragoza (actualmente englobada junto a más unidades bajo la denominación Aragón I) ha sido suspendido de empleo y sueldo mientras se investiga su participación en la grabación de varias compañeras en los vestuarios del cuartel. El caso ha recaído en el Juzgado Togado Militar número 32 que instruye el caso por un delito de atentado contra la intimidad de varias mujeres. Aunque la apertura de la causa se realizó el pasado mes de febrero, los hechos se remontan a mediados del pasado año cuando, durante una inspección rutinaria de los vestuarios femeninos, se descubrió un sistema de cámaras que grababa a las usuarias del mismo. Tras desactivarlo y confiscarlo, Defensa inició de forma interna una investigación que permitió dar con el supuesto autor.
El sospechoso llevaba destinado un año y medio en dicha brigada sin levantar ningún tipo de sospecha ni entre sus compañeros hombres ni entre las mujeres, según fuentes consultadas. De hecho, muchos de ellos se mostraron sorprendidos con lo ocurrido.
IDENTIFICACIÓN / Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, cuando los mandos superiores de este treinteañero descubrieron el sistema de grabación en el vestuario decidieron llamar a todas las usuarias del mismo para que realizaran un análisis de las imágenes de cara a intentar identificar a las víctimas y permitir interponer las denuncias. Rápidamente, según estas mismas fuentes, varias mujeres se vieron reflejadas en las imágenes e interpusieron las denuncias pertinentes que ahora están en manos de la magistrada.
Mientras se realizaba esta investigación interna, las autoridades militares abrieron un expediente disciplinario al sospechoso y le entrasladaron a Ceuta como medida preventiva. En su nuevo destino fue donde le notificaron una propuesta de suspensión de empleo y sueldo durante seis meses ante las diligencias abiertas por el juzgado.
Una forma de actuar que, según fuentes consultadas, responde al protocolo establecido, ya que al judicializarse un asunto los expedientes administrativos abiertos se paralizan de cara a no generar una doble indefensión puesto que, si prospera el asunto, prima la indemnización establecida en la condena judicial. Este militar de tropa y marinería se le imputa la comisión de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares.
El Código Penal Militar establece en su artículo 49 que el militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio, maltrate de obra a otro militar, le trate de manera degradante, inhumana o humillante, o realice actos de agresión o de abuso sexual, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos.
En este caso no se ha dado la situación de que la infracción haya sido cometida por un superior. De haber sido así la condena máxima se incrementaría a los cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.
OTRA INVESTIGACIÓN / Paralelamente, el Juzgado Militar Togado número 32 de Zaragoza tiene abierta otra investigación por acoso sexual. Una dama alférez cadete de cuarto curso de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza denunció en febrero a un cadete de primer curso por un «intento de acoso sexual», ocurrido en las instalaciones de la institución educativa militar.
Según Defensa, no llegó a haber una agresión ni un abuso sexual, pero sí un incidente que ya está en manos tanto de la Justicia militar como de la civil.
