La decisión del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón de suspender la modificación del contrato del servicio Bizi que iba a posibilitar la ampliación de la red con 120 estaciones más en tres años cayó ayer, más que como un jarro de agua fría, como una bomba de relojería. Bronca monumental entre el recurrente, el PP de Jorge Azcón, y el recurrido, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), y una consecuencia inmediata: se quedan sin entrar en servicio las «cinco nuevas estaciones» instaladas ya en el distrito de Casablanca, entre ellas la inaugurada este jueves junto a Vía Ibérica, y se aplaza sine die la ampliación del horario para usar la bicicleta pública, que se iba a poner en marcha este próximo lunes.
La responsable de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, anunció ayer la orden dada a la concesionaria, Clear Channel, de abortar todos los planes previstos y que ella misma anunció hace dos días, como la instalación de hasta 40 estaciones nuevas antes de final de año o la implantación de una línea de teléfono fijo para atender a los usuarios que elimine el carísimo 902 actual. Objetivos muy reivindicados por los ciclistas y los barrios que ahora quedan aparcadas, que se posponen «en aras de garantizar la seguridad jurídica».
«NO ES DEFINITIVA»
Esta era la reacción inmediata de un Gobierno municipal que subrayó que el pronunciamiento del tribunal de Contratos «no es definitiva» y que está pendiente de que se estudie toda la documentación requerida el pasado martes al consistorio y que fue enviada el pasado jueves por los servicios técnicos. Una información que no ha sido tenida en cuenta porque, según la concejala, la fórmula escogida por el recurrente, el portavos del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha empleado la fórmula más dañina para dilucidar si la modificación del contrato es legal o no en este órgano, el recurso especial. Con este, aseguró, la suspensión fue inmediata, en solo 24 horas, y sin dar oportunidad al consistorio a recurrirlo.
«El único recurso que cabe es cuando haya una resolución definitiva», afirmó, sin que todavía nadie pueda estimar cuánto puede tardar en producirse. Unos dos meses, calculó ella, pero para entonces la ciudad se queda sin las 40 nuevas estaciones que iban a funcionar en solo mes y medio.
«Azcón queriendo hacer daño a ZeC está haciendo daño a toda la ciudad». Esto fue lo más amable que Artigas le dedicó al portavoz de los conservadores, al que recriminó la «judicialización de la política» que está practicando para «paralizar» la capital, y que en esta ocasión solo consigue que los ciudadanos no disfruten de estas mejoras que han pedido todos los distritos en Zaragoza «creando una brecha entre barrios de primera y de segunda».
La edila recriminó además la «hipocresía» de Azcón, al reclamar en los distritos, a través de sus representantes, medidas como las que él, con su recurso, acaba de paralizar, con una estrategia de «llevar a los tribunales los debates que no gana». Respecto al daño económico que puede suponer la suspensión, por el material y los trabajos ya iniciados por Clear Channel, se limitó a decir que es «prematuro» calcularlos.
Antes de sus explicaciones, el concejal Sebastián Contín, del PP, también había cargado contra ZeC y, más concretamente, contra el alcalde pedro Santisteve, al que recriminó que «va a pasar a la historia por despreciar la legalidad más que el señor triviño», porque «el ayuntamiento no puede declararse insumiso de la ley porque lanza un mensaje muy peligroso a los ciudadanos», que también podrían dejar de pagar impuestos. Y lamentó ese «empeño en regalarle 400.000 euros a Clear Channel» con una decisión «reprochable». Y, de hecho, les acusó de tener, así, «la firme intención de cargarse todo lo que toca».
