La Asociación de taxis de pueblos de Zaragoza reivindicó ayer en las Cortes de Aragón su función de «servicio social» y pidió que se tengan en cuenta sus peticiones para la futura Ley del Taxi, que consideran centrada en la capital aragonesa.

Los representantes de esta agrupación, que engloba a 60 taxistas de 50 municipios de la provincia de Zaragoza, asistieron a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Parlamento aragonés para pedir que se estudien «las peculiaridades del taxi rural y su idiosincrasia».

«Los pueblos de Aragón necesitan a los taxistas rurales y vertebrar Aragón significa mantener el taxi rural», defendió una de las representantes de la Asociación taxis de pueblos de Zaragoza (Atapuz), Azucena Pascual.

La agrupación pidió a los grupos parlamentarios que la Ley del Taxi de Aragón parta de «un estudio completo del sector y no de una visión sesgada». «Debe ser de Aragón, no de Zaragoza», manifestó la portavoz de Atapuz, que criticó que la elaboración del proyecto de ley «parta del colectivo de taxi de Zaragoza» mientras que su asociación fue recibida «con una propuesta que parecía cerrada».

Para Atapuz, «la única novedad de esta ley respecto a otras similares es que amplía el radio de acción de los taxistas de Zaragoza con la finalidad de permitirles obtener unos ingresos necesarios debido al exceso de licencias de Zaragoza y al descenso de la demanda».

Se trata de una mejora que «no debería ser a costa del trabajo tan necesario de los taxistas rurales», señaló Pascual, que afirmó que no se debe «desvestir un santo para vestir otro».

Entre las demandas puestas encima de la mesa se encuentra que las tarifas sean fijas y no de máximos, la recogida de sus clientes en aeropuertos y estaciones «evitando las negativas de servicio por ser un municipio lejano» y la utilización de las paradas de taxis cuando van a acompañar a un usuario.

«Pedimos que podamos dejar nuestro vehículo para acompañar al usuario a la consulta cuando tengan movilidad reducida o sea de una edad avanzada, sin que al volver tengamos que pagar una sanción porque estén retirando nuestro vehículo con una grúa», exigió la portavoz.

Pascual recordó que entre las funciones del taxi rural está la de llevar a enfermos a hospitales de referencia, «sin conocer el tiempo de espera» y el traslado a personas mayores de las residencias de ancianos de sus localidades a sus consultas médicas.