Los tres socios a los que fue adjudicada la explotación del Teatro de las Esquinas del Psiquiátrico viven desde hace más de dos años una especie de matrimonio de conveniencia para evitar la rescisión inmediata de la concesión administrativa que les fue entregada en el 2011. Pam Hosteleros, Teatro del Temple y Teatro Che y Moche conformaron una unión temporal de empresas (UTE) que se resquebrajó a los cinco meses de resolverse el concurso público cuando, el 21 de diciembre de ese año, el primero de ellos decidió abandonar el proyecto. Y lo formalizó por escrito, con un acuerdo privado entre todas las partes con el que renunciaba a todos sus derechos y obligaciones dentro de esa UTE. Y con la promesa de rubricar esa desvinculación con una transmisión aplazada de su 33% del negocio en un anuncio que debería hacerse público "entre agosto y diciembre del 2015".
No había vuelta atrás para ella. La falta de entendimiento entre los socios en la materialización del proyecto o las diferencias internas en esa UTE en ese acuerdo privado que no debía ver la luz hasta el año próximo, pero que dejaba todo el esfuerzo inversor y toda la responsabilidad sobre la consecución del contrato en manos de las empresas más debilitadas de esa unión de fuerzas. Pero con el único motivo de mantener en pie su oferta y la gestión, porque el artículo la Ley de Contratos del Sector Público del 2009 impide alterar la composición de la UTE antes de que transcurra una quinta parte de la concesión, iniciaron una huida hacia adelante que aún perdura.
Pero ya sin Pam Hosteleros. Su renuncia ya se ha producido de facto, como ella misma ha exhibido en los tribunales. La empresa que ejecutó las obras de acondicionamiento del teatro y el restaurante demandó a la UTE por no estar conforme con el precio final de los trabajos, reclamándole más de 160.000 euros adicionales al presupuesto inicial, y Pam Hosteleros tiró de este acuerdo privado para pedirle al magistrado que le mantuviera al margen de este pleito. Sacando a la luz un documento que comprometía y mucho la situación legal de la concesión.
TODO POR UN PLEITO El problema es que el juez ya desestimó su petición, porque entendía que este documento no le eximía de su responsabilidad en caso de que su resolución fuera desfavorable, y además la UTE acabó llegando a un acuerdo extrajudicial con la constructora --aunque al inicio le reclamaba más de 100.000 euros a esta-- que dejó el litigio en una salida amistosa. Pero Pam Hosteleros ya había demostrado su inexistente implicación con el Teatro de las Esquinas. Y aireó la situación irregular que está viviendo la concesión, así como las dificultades económicas que heredaron sus dos socios con su renuncia a sus derechos y obligaciones con este equipamiento.
Pero en su decisión no solo importa el contenido, también las formas. El contrato se le adjudicó a la UTE el 28 de julio del 2011 y el acuerdo privado se suscribió el 21 de diciembre de ese mismo año, solo cinco meses después. Además, en ese momento ni siquiera se habían contratado las obras de acondicionamiento de este equipamiento. De hecho, este era el momento en el que sus socios iban a negociar los créditos bancarios que hicieron realidad la apertura del teatro, en octubre del 2012. Es decir, Pam Hosteleros renunció al contrato diez meses antes de la apertura, y de saber si la concesión podía o no funcionar.
UN MILLÓN Su objetivo entonces quedaba claro en el propio documento: "La transmitente queda exonerada, mientras siga en vigor el presente contrato, de cualquier obligación y derecho del contrato administrativo y su participación en la UTE". Visto lo visto, era que, en casos como la demanda interpuesta por la constructura, ella no se pudiera ver salpicada por una gestión de la que nunca ha sido partícipe. Aunque sí haya estado informada. Y dejando, en ese matrimonio de convivencia, el esfuerzo inversor para Teatro del Temple y Teatro Che y Moche. Y ya va por más de un millón de euros.
Lo que pone en cuestión la legalidad de la situación actual de la UTE (tras este "contrato de cesión anticipada de derechos contractuales y transmisión aplazada de participación" en la misma, según reza el propio acuerdo privado) es si, como apunta el propio documento, se está cumpliendo realmente la Ley de Contratos del sector Público y no se está incurriendo de facto en un fraude de ley.
