Los casos Plaza están en pleno estirón. En apenas seis meses, desde que los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juanjo Rosa desataron, el 14 de agosto, la redada que abrió la primera de las cuatro causas penales hasta ahora en marcha, esas investigaciones suman 23 imputados. Y tres de ellos hacen doblete.
Dos de ellos fueron durante casi una década los máximos responsables de la empresa pública: Carlos Escó y Ricardo García Becerril, exconsejero delegado --compaginaba este cargo con el de viceconsejero de Obras Públicas de la DGA-- y antiguo gerente de la compañía pública, respectivamente. Ellos enlazan como imputados, junto con el constructor Agapito Iglesias, tres de las cuatro causas.
El magistrado que investiga la cuarta causa, Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12, todavía no ha encartado a nadie. Sobre su mesa recayó, por reparto, la denuncia que la Fiscalía presentó el pasado mes de julio tras detectar indicios de delito en las contratas para diseñar y construir el apartadero ferroviario de Plaza y para urbanizar la zona de futuros crecimientos del complejo logístico: trabajos por valor de algo más de quince millones que fueron adjudicados, en procedimientos negociados y sin publicidad, a la UTE liderada por Acciona, varios de cuyos antiguos responsables se encuentran en el centro del caso saqueo.
Pesquisas
Este último asunto, que ya acumula 19 imputados --casi la mitad de ellos son de la familia García-Planté o allegados--, es la pieza central del caso Plaza: obras de 800.000 euros sin ejecutar, cargos por obras y amueblamientos en casas de encartados, una guardería que posee un yate y factura trabajos de decenas de miles de euros sin disponer de personal cualificado para elaborarlos, compras de pisos y acciones con cientos de miles euros cuyo origen nadie aclara. Y más.
Hasta ahora, la Brigada de Blanqueo, que bautizó las pesquisas como operación Decken ("techumbre", en alemán), ha centrado su trabajo en el entorno de García Becerril. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, está pendiente de recibir los informes sobre los de los exgerentes de la UTE Plaza --José María Jordán y Miguel Ángel Bretón-- y sobre el director técnico de la compañía Pública --Miguel Ángel Pérez, cuyo nombre es una constante en las declaraciones de imputados en los otros casos--. Y también los resultados del análisis de las cuarenta cajas de documentación que la Policía intervino en dependencias de la UTE liderada por Acciona y de una decena de ordenadores y pendrives.
García Becerril, Escó e Iglesias están imputados en el caso pagarés, en el que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5, Francisco Picazo, trata de esclarecer si alguien delinquió por el pago a Codesport, propiedad del constructor Agapito Iglesias, de un sobreprecio de 17 millones de euros por la construcción de unas naves. Recibió 8,7 en pagarés firmados por García Becerril y Escó, que admitió que carecía de autorización para rubricar uno de ellos porque superaba los tres millones de euros. El juez cree que Agapito se llevó 14 millones y que se los repartió con los ejecutivos de Plaza.
El caso PDL, un sobrecoste de 3,1 millones en las obras de Conavinsa en la nave de Caladero, suma cuatro imputados: Escó y los exaltos cargos de empresas de la DGA Santiago Coello, Pedro Colás y Pilar Valdivia.
