Las entidades sociales hicieron ayer su primer acto de protesta contra los presupuestos diseñados por el Gobierno PP-Cs de Zaragoza con la presentación de más de un millar de enmiendas que afectan a más de diez millones del presupuesto. Aunque el número es muy elevado, la mayoría están relacionadas con las ayudas de urgente necesidad y con la desaparición de algunos convenios como el de la Asociación de Mediadores Amediar que trabajaba en el Casco Histórico o el de la Red de Economía Alternativa y Social (Reas).

Este miércoles terminaba el plazo para que entidades y colectivos presentasen sus enmiendas al presupuesto y todas las entidades y colectivos, así como ciudadanos a título individual aunque con vinculación con el tejido asociativo, decidieron presentarlas el mismo día y a la misma hora, con la intención de hacer ruido y dejar claro su malestar.

Este año, a diferencia de otros, su plazo de presentación ha terminado antes que el de los grupos municipales por lo que están alegando sin saber qué partidas podrían cambiar a petición del resto de formaciones, especialmente de Vox.

URGENCIA

Las ayudas de urgencia concentran el grueso de las alegaciones. El Gobierno municipal decidió seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas e Intervención y mantener las de alimentación, dotadas con 4,2 millones, en el Capítulo II y pasar al Capítulo IV las que corresponden a ayudas de alquiler, energía, medicinas, gafas o gastos médicos, dotadas con 5,1 millones.

Aunque desde el Gobierno PP-Cs insisten en que no alterará su tramitación, las entidades aseguran que al cambiar de capítulo, salvo las de alimentación, el resto pasarán a ser subvenciones, lo que tendrá efectos «perversos» ya que aquellos que «no tengan los papeles en regla» no podrán acceder a ellas, denuncia el representante del Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales, Ángel Sanz, que ayer presentó alrededor de 800 alegaciones. Según Sanz, la tramitación será más compleja y en lugar de recibirse la ayuda «en 10 o 15 días, llegará en dos o tres meses».

La concejala de Hacienda, María Navarro, niega que esto vaya a suceder y pidió «tranquilidad». Según explica, la tramitación «será la misma de cara al ciudadano puesto que no serán subvenciones ni habrá concurrencia competitiva», es decir, que el proceso que se va a seguir va a ser el mismo que hasta ahora y no se excluirá a aquellos que puedan tener algún pago pendiente con la administración, como alertaron desde las entidades. La diferencia, añade, es que será Intervención quien se encargue del proceso de fiscalización que se hará antes de otorgar la ayuda, como ha requerido la Cámara de Cuentas y la propia Intervención, y como se hace en la DGA.

Por otro lado, Amediar, que ha tenido que cerrar, ha registrado alrededor de 300 alegaciones para que el equipo de Gobierno recupere su programa de mediación en el Casco Histórico hasta que el proyecto salga a concurso público. También Reas ha presentado una alegación para que Hacienda mantenga el convenio que llevan firmando desde el 2014 por 160.000 euros para el emprendimiento desde la economía social y que en cuatro años ha permitido apoyar a mil personas y 400 proyectos, creando unos 250 puestos de trabajo, explica María Pilar Monzón, de Reas.

No ha sido la única, porque también firma otras 12 enmiendas con la Federación de Barrios de Zaragoza, que llevan el sello de varios colectivos como Arei, Amediar, la Asociación de Economía Social de Aragón, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariados o la Federación Aragonesa de Solidaridad y que reivindican que se mantengan sus convenios. Desde la FABZ, además, presentaron tres particulares en las que reclaman partidas para los presupuestos participativos y los planes de barrio, otra para la regeneración de los distritos y otra para que haya convenios directos con las entidades. Además, las distintas entidades vecinales registraron 40 enmiendas.

Las asociaciones se concentrarán el próximo lunes

Las entidades sociales ya tienen programada una primera concentración para manifestar su malestar por las decisiones en materia de Acción Social tomadas por el Gobierno PP-Cs. El próximo lunes se reunirán a las 11.00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza para exigir que den marcha atrás y mantengan los convenios que venían firmándose con distintos colectivos sociales y que, este año, han desaparecido del proyecto de presupuestos, como sucede con Reas, Arei, Amediar, la Asociación de Economía Social de Aragón, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariados o la Federación Aragonesa de Solidaridad. Será la primera de una batería de propuestas que tienen planeadas para los próximos días.