Cada vez que el Ayuntamiento de Zaragoza vive en prórroga presupuestaria, decenas de entidades sociales, vecinales, culturales y deportivas tiemblan. O peor, se rebelan. Esto es lo que está a punto de suceder después de que el pasado miércoles las dos grandes federaciones de asociaciones vecinales de la capital aragonesa escucharan, junto a colectivos de la talla de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) o Adunare, la «honda preocupación» que existe en el tejido social de la ciudad. Con algunas alertando de que tendrán que aplicar recortes. Y con una labor al frente de servicios que hoy disfrutan «unos 100.000 zaragozanos», en programas y actividades que son complemento del consistorio, que ellos prestan cuando la administración no llega a todo. Así que ahora solo les queda la protesta, movilizarse, con medidas que analizarán de forma conjunta «la próxima semana».

La intención es trazar una hoja de ruta que trasladar «al pleno del próximo 1 de febrero», en el que piensan visibilizar lo que estas entidades manifestaron en la reunión. Y lo plasmarán en un documento que «se entregará a todos los grupos municipales» para «que reaccionen y no dejen a la ciudad sin presupuesto». Su futuro pende de los casi 27 millones de euros en subvenciones y convenios que la prórroga actual mantiene congelados, sin una negociación abierta en el consistorio y con unas elecciones a la vista, en mayo, que retrasarán aún más su aprobación y ejecución. «Y en función de lo que ocurra, seguiremos adoptando las medidas que sean necesarias», expuso Manuel Ortiz, de la Unión Vecinal Cesaraugusta.

DAÑO PROPORCIONAL

«Son más de mil empleos directos los que dependen de este dinero, además de actividades de las que se benefician todos los ciudadanos», explicó ayer Manuel Arnal, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que organizó este encuentro junto a la Unión Vecinal. «No estamos hablando de grandes cantidades, pero cuanto más pequeña es la asociación, más daño le hace», apostilló.

«Para una asociación de vecinos, los 3.000 euros que puede recibir al año son fundamentales para pagar la luz, la calefacción o su funcionamiento ordinario, que compensa programando actividades de las que se beneficia todo el distrito», explicó. Eso mismo se puede aplicar a programas culturales, sociales o deportivos. «El daño siempre es inversamente proporcional al músculo económico que tienen», señaló.

En su opinión, la fórmula de hacer modificaciones de crédito en el presupuesto prorrogado sin aprobar el nuevo se traduciría en «las gallinas que entran por las que salen», ya que habría que descontarlo de otros gastos obligatorios. «Si fuera tan sencillo, ¿para qué hacer presupuestos?», se preguntó. Por eso todos hacen «un llamamiento a la responsabilidad de todos», porque «la ciudad no se puede parar, tiene que continuar con su dinámica, y hay que tener mucho cuidado con paralizar inversiones que quizá luego no se retomen», añadió.

Entre las actividades que peligran, por lo menos, no se incluyen aquellas que más afluencia mueven. A corto plazo, por ejemplo, el Carnaval en febrero y, en marzo, la Cincomarzada, que este año celebra su 40 aniversario. Ambos casos están a salvo «solo porque dependen de la sociedad Zaragoza Cultural».

Ortiz también destacó que acudir a la fórmula de las modificaciones de crédito que plantea el PSOE es «desvestir a un santo para vestir a otro», y que esta situación «irá en perjuicio de unos o de otros». Porque, además, este tránsito que supone la prórroga se traduce en muchas ocasiones, explicó, en «la solicitud de créditos que provocan intereses solo por sobrevivir, sin que luego lo podamos computar como gasto, pese a no ser por culpa del retraso de la administración».