La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha organizado recientemente el Congreso Internacional Municipia Siglo XXI: ciudadanía y Gobierno local, el primero que se ha celebrado en la España democrática al más alto nivel, tanto por la categoría de los asistentes, el nivel científico de los ponentes y el ámbito internacional del mismo (España, Italia y Francia).
Mi esperanza es que las grandes reivindicaciones del municipalismo --financiación, competencias, etc...-- que han quedado expuestas en las tres jornadas tengan respuesta en el proceso de reforma del Régimen Local y de modificaciones de Estatutos de Autonomía actualmente en marcha, máxime teniendo en cuenta la gran expectación, no exenta de esperanza, que nos ha generado el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre un nuevo marco local en el que no caben nuevas reformulaciones del Estado de las Autonomías que no sean coincidentes con la que reclama el mundo local desde hace muchos años.
De hecho, la definición más extendida durante la celebración del congreso ha sido la del poder local entendido como el tercer pilar del Estado, cuyo núcleo esencial de ese poder local, es el municipio.
Si hay una conclusión que puede extraerse de forma unánime, es la urgente necesidad en resolver el gravísimo problema de la financiación de los municipios y corregir definitivamente los porcentajes en la participación del gasto público. El peso de las administraciones locales está en la actualidad entre el 12 y el 13%, frente al 25% que llevan reclamando sin éxito hasta el momento.
Está claro que existe una disfunción entre la capacidad financiera de los entes locales y el papel desempeñado por éstos a lo largo de los últimos 25 años que hay que rectificar. Los ayuntamientos no se han podido limitar a ejecutar exclusivamente aquellas competencias que la ley les asigna. Han asumido otras que plantean los nuevos tiempos por ser la administración más cercana (inmigración, vivienda, guarderías). Esas respuestas ocupan el 30% del gasto corriente de dichas instituciones, sin que por ello hayan recibido compensaciones económicas a cambio. El municipalismo reclama el impulso de la llamada "segunda descentralización" que defina con claridad el marco competencial de los ayuntamientos.
El congreso también ha debatido sobre la el papel de las diputaciones en el nuevo marco local o la defensa de otros modelos de supramunicipalidad. Pero la opinión más generalizada es que si el poder local es compartido por municipios y provincias, el papel de las diputaciones ha sido desde siempre garante de un modelo de Estado que ha sido útil a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños.
Su función y su experiencia garantizan su vigencia pero deben optimizar el modelo de prestación de servicios, incorporando valores a los recursos que administran y desprendiéndose de aspectos que no le corresponden y que menoscaban su singularidad institucional: colaborar con los municipios.
Muchos hemos defendido la existencia de las diputaciones como garantes de un modelo de Estado y también de las comarcas, pero siempre que tengan un carácter de mancomunidades y no se vulnere en el proceso la autonomía municipal. Tras realizar un balance de los distintos procesos comarcalizadores en España, Municipia Siglo XXI ha defendido por encima de todo la intermunicipalidad, entendiendo la validez de las comarcas como emanación voluntaria de los municipios para solucionar problemas de deficiencia derivada de su pequeño tamaño, como herederas de las mancomunidades, surgidas de abajo a arriba, basadas en la voluntariedad y en la flexibilidad.
En definitiva, Municipia Siglo XXI ha dejado claro cuáles son las cuestiones más urgentes que tiene que resolver el mundo local y cuáles no, como por ejemplo la modificación de la Ley Electoral, que aunque fue objeto de debate, no supuso realmente una medida determinante a la hora de sopesar las prioridades de los entes locales en el futuro más inmediato.
