Al menos un tercio de los delitos que se cometen en Aragón no tienen autoría conocida. Es lo que se deduce del descenso de entrada de asuntos en los juzgados de la jurisdicción Penal de la comunidad el año pasado, que fue de un 35%, después de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sacara de los tribunales los casos sin sospechoso inicial. Dado que el nivel de delincuencia se mantuvo prácticamente igual en la comunidad, según los datos de Interior, la reducción de asuntos permite deducir, a grandes rasgos, cuántos de ellos se tramitaban sin poder dirigirlos contra nadie.

La reducción de casos fue desvelada ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, en la presentación de la Memoria Judicial del 2016, que tuvo lugar ayer en la sede del tribunal.

BAJADA ENGAÑOSA / Bellido, sin embargo, aclaró que este descenso de asuntos es engañoso, porque no supone un descenso de carga de trabajo para los funcionarios ni jueces. La explicación es que, antes de la entrada en vigor de la actual Lecrim, apenas suponía tramitación el archivar la causa por falta de autor conocido. Ahora es directamente la Policía o Guardia Civil quien no lo envía al juez; dicho de otra manera, en lugar de meterlo en el cajón del juzgado se mete en el de la comisaría o cuartel, pero el trabajo en el primero sigue igual. De hecho, entre los refuerzos que solicita Bellido está otro juzgado de lo Penal para Zaragoza.

Con este arrastre de las jurisdicción (que bajó de 133.116 asuntos en el 2015 a 86.374 el año pasado), la cifra general desciende un 25,6% (de 192.585 a 143.227), detalla la memoria.

Crece un 13% lo Contencioso-Administrativo (los recursos contra decisiones de la Administración), y lo Social vuelve a niveles precrisis, con un ligero aumento del 2,6%. Pero lo más preocupante sigue estando en lo Civil, que pese al descenso de asuntos (de un 7%), sigue arrastrando colapso de la crisis, por ejemplo en lo Mercantil. Destacó que hay un gran número de ejecuciones que no se pueden cobrar por falta de liquidez del condenado.