Después de quemar el cadáver de su novio Pedro Rodríguez y antes de ser detenida por asesinarlo, Rosa Peral necesitaba hablar con Juan José L., su antiguo jefe en la Unidad de Soporte Diurno (USD) de la Guardia Urbana de Barcelona. Para ella, algo más que un jefe. Se citaron y aquel encuentro fue reportado por el servicio de escoltas de la Urbana, que durante esos días la seguían porque ella misma había solicitado su protección. La reunión fue en un centro comercial del extrarradio barcelonés.
Días después, Rosa fue detenida por el asesinato de su novio. Los mossos arrestaron también a Alberto, amante de Rosa, y mano de derecha de Juan José L. en un grupo de la USD que, durante años, sembró el terror entre los manteros. La pregunta que sobrevuela ahora es si esa mano dura contra los vendedores fue demasiado lejos el 2014 y acabó con una vida, la de José Antonio González, conocido como El Boniato que lleva tres años enterrado en Utrillas (Teruel), bajo una versión oficial contruida entre Rosa, Alberto y el cabo Juan José, que explicaron que aquel día en Montjuic un mantero falleció accidentalmente, al lanzarse de espaldas por un terraplén de 20 metros.
INSTRUCCIÓN/ El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha reabierto esta causa e interrogará este viernes a los dos amantes porque estima que hay indicios para dudar de que fuera un accidente. Una presa, compañera de Rosa en Wad-Ras, ha declarado que esta le confesó que fue Alberto quien lanzó al mantero por el terraplén. Este diario descubrió en Utrillas que José Antonio González posiblemente ni siquiera era un mantero.
Juan José L. entró en la Guardia Urbana desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a través de una oposición interadministrativa. En el CNP había sido antidisturbios. Un pasado que le allanó el acceso a la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad (UPAS), nombre que recibían los ya extinguidos antidisturbios municipales. De mano caliente, no tardó en destacar entre sus compañeros. Aunque, según explican cuatro agentes consultados por este diario, tenía una gran capacidad para esquivar toda acusación de mala praxis. La Urbana lo apartó de los UPAS a raíz de un incidente ocurrido el 17 de junio del 2011. Ese día el cabo formaba parte del dispositivo desplegado durante el asedio al parlamento catalán, protagonizado por el movimiento del 15-M, el de los indignados. «Abandonó su puesto y se marchó a tomar café con tres de sus hombres», explican.
El cabo, conocido como cara bulldog entre los okupas, un colectivo con el que también tuvo varios encontronazos, acabó destinado a la USD, una unidad que actúa los fines de semana con sede en la comisaría de la Zona Franca. «Lo he visto actuar durante 20 años, es un sádico», resume una fuente de este movimiento. En la USD estuvo a cargo de un grupo que lideró la lucha contra el top manta. Una misión que desempeñó a su manera y codo con codo con el agente Alberto, un policía de brazos musculados que, antes de ser detenido por el asesinato de Pedro, protagonizó varios incidentes graves contra los vendedores ilegales. En el 2011 fue juzgado y absuelto por agredir a un mantero en una estación de metro. En el 2012 fue condenado por golpear «innecesariamente» a un senegalés en la plaza del Duque de Medinaceli.
Un portavoz del sindicato de manteros los recuerda bien a ambos. «Siempre iban juntos». «Al jefe [Juan José L.] no solo le gustaba ordenar las cargas, también le gustaba pegarnos», asegura. Entre los ambulantes que se desplegaban en la zona del Maremagnum se tomó pronto conciencia de que durante los fines de semana los agentes de la Guardia Urbana actuaban de «otra manera». Un violento enfrentamiento en el paseo de Gracia el verano del 2015, cuando la alcaldesa Ada Colau acababa de ganar las elecciones, acabó con la paciencia de los vendedores. «Se presentaron decenas de manteros en la comisaría de Ciutat Vella», recuerda un agente. Querían denunciar algo: «Los fines de semana hay un señor [el cabo Juan José L.] que nos pega y que se queda con el dinero sin darnos ningún resguardo». Desde el sindicato de manteros se confirma la protesta pero fuentes policiales admiten que no se investigó a fondo y, en consecuencia, tampoco se demostró nada.
A pesar de la polvareda que levantaba Juan José L. solo fue expedientado en dos ocasiones, por infracciones menores. Juan José L. se prejubiló hace medio año y solo ha declarado por la muerte del turolense como testigo. Sus dos protegidos, Rosa y Alberto, detenidos por el asesinato de Pedro, este viernes serán interrogados como investigados. Tal vez alguno de ellos de una versión distinta sobre cómo murió el turolense José Antonio González, enterrado en Utrillas.
