Las víctimas y familiares de las mismas del hotel Corona, o al menos aquellas que siguieron el cauce adecuado, fueron reconocidas, y en la medida de lo posible resarcidas, como víctimas del terrorismo, después de que el Tribunal Supremo, en un proceso Contencioso-Administrativo (donde se discuten las decisiones de la Administración), avalase que se usaron acelerantes para que el fuego se propagara más rápido, y por tanto tuvo que tratarse de un acto premeditado. Una sentencia que ratificaba una dictada por un juez zaragozano, que antes había sido revocada por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Sin embargo, lo que ha sido reconocido por vía civil, y por tanto indemnizatoria, nunca ha sido avalado por lo Penal. La investigación ya se archivó en 1981, cuatro años antes de la civil, por falta de pruebas y autor conocido. El supuesto atentado nunca fue reivindicado formalmente por ninguna banda terrorista -ETA lo negó expresamente en un comunicado en el que, tras su disolución, reivindicaba otros- y la expansión del fuego no es incompatible con un incidente fortuito.

Aun así, las familias no cejan en conseguir que se lo considere formalmente un acto terrorista, y a principios de esta década se reabrió, de hecho. Pero el juzgado zaragozano que lo investigaba se inhibió en la Audiencia Nacional, competente para delitos de terrorismo, y esta lo rechazó porque no había pruebas de que fuese un acto terrorista.

La sombra de la sospecha probablemente nunca se disipe, porque las circunstancias invitan a la sospecha. En el hotel se hospedaba la viuda de Franco, Carmen Polo, y un un buen número de militares para la entrega de despachos que iba a haber ese día en la Academia General Militar, entre ellos el luego golpista general Armada.