Teruel es un caso de lo que se llama buena administración. Todas sus poblaciones unidas, desde la más grande hasta la más pequeña, consiguieron ahorrar en el 2018 la cantidad de 137,4 millones de euros. Un superávit que ahora la Diputación Provincial, tras aprobar por unanimidad una moción del PAR el pasado jueves, se ha propuesto que revierta en el territorio, castigado por nevadas catastróficas y por la despoblación que no cesa.
«El objetivo de la moción es pedir al Gobierno central que libere esos fondos para que los ayuntamientos, las comarcas y la propia diputación puedan dedicarlos a inversiones necesarias para los habitantes de todos sus núcleos», explica Berta Zapater, portavoz del PAR en la institución provincial.
El millonario ahorro de Teruel es fruto de la aplicación a rajatabla de las leyes que se aprobaron en plena crisis económica para contener el gasto de las diferentes administraciones y conseguir la estabilidad presupuestaria. Solo en Aragón, entre las tres provincias, se calcula que el superávit municipal del 2018 fue de 700 millones de euros, una parte nada despreciable de los 5.000 millones que no se gastaron en el conjunto del país en el mismo periodo.
«Los municipios, las comarcas y las diputaciones han compensado el exceso de gasto que generan las autonomías y el Gobierno central», asegura Zapater. Pero el precio pagado por esa austeridad impuesta desde arriba y no voluntaria ha sido muy alto y se ha traducido, continúa la representante del PAR, en una merma importante de la capacidad económica de los ayuntamientos turolenses. «Ahora, con las nevadas que han caído en el este de la provincia, resulta que los alcaldes no tienen medios para afrontar los arreglos necesarios, lo que crea una gran sensación de impotencia», explica.
Hay casos flagrantes, como Cantavieja, en el Maestrazgo, donde la nieve acumulada hundió la cubierta del polideportivo y la de una serrería. O el de Mora de Rubielos, donde, pese a que ha habido un aumento del número de visitantes, el consistorio no puede contratar un guía turístico porque eso supone entrar en un gasto que, por ley, no puede cubrir. Son solo dos ejemplos entre muchos, pues todos los pueblos de la provincia tienen obras pendientes que, una vez realizadas, contribuirían a elevar la calidad de vida de sus vecinos. Pueden ir desde tapar los baches de una calle hasta cambiar el alumbrado de la travesía.
La Diputación Provincial dedica numerosos recursos a ayudar a los municipios, pero ahora mismo no puede hacerlo en la medida que sería conveniente debido a que el superávit que presenta, de 49 millones, está en el banco y no puede tocarse.
ACTUACIONES PENDIENTES
Y lo mismo le sucede al Ayuntamiento de Teruel, con un ahorro neto de 11 millones, una cifra que permitiría sacar adelante actuaciones urbanísticas que se demoran o posponen a la espera de que haya disponibilidad económica. «Con la moción lo que hacemos es instar al Ejecutivo de Madrid a aprobar decretos y a modificar leyes que impiden hacer inversiones que, en todos los casos, tienen un carácter urgente por la paralización que ha habido durante años», señala Zapater. En el Partido Aragonés, que recientemente presentó en Teruel, en rueda de prensa, sus planes para desbloquear el superávit, el dinero guardado en los bancos supone a razón de 1.026 euros por habitante de la provincia.
«Urge una solución», apunta la portavoz del PAR. « Por un lado, los bancos se disponen ya a cobrar un 0,4% de interés por los depósitos de las administraciones públicas, y, por otro, la válvula de las inversiones financieramente sostenibles resulta insuficiente», manifiesta. Entre otras cosas, agrega, porque esta normativa no contempla la contratación de mano de obra. Y de nada sirve ofrecer un nuevo servicio si luego no se puede poner en marcha por carecer de personal.
La cuestión es que, más de siete años después de la aprobación de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSEF), las zonas rurales están sedientas de inversiones que contribuirían a luchar contra la despoblación al facilitar la vida de los residentes.
La misma Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no se cansa de repetir la idea que Teruel ha hecho suya: ha llegado el momento de abrir la caja en beneficio de los pueblos y las ciudades.
