La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) respaldan la petición realizada por las confederaciones de empresarios de Cuenca, Teruel y Soria para obtener ayudas europeas debido a su despoblación y su nivel de desarrollo económico.

Así se lo hicieron saber la CEOE y Cepyme a las organizaciones empresariales de estas tres provincias que ayer presentaron en Madrid un informe en el que se recogen diversos estudios y datos que ponen de manifiesto la necesidad de que estas tres regiones puedan ser beneficiarias de las Ayudas Regionales 2014-2020 de la Comisión Europea, al ser consideradas como las zonas más despobladas.

Durante la presentación del informe, a la que han asistido tanto el presidente de la CEOE, Juan Rosell, como el de Cepyme, Jesús Terciado, las tres confederaciones provinciales han explicado que Cuenca, Teruel y Soria son algunas de las zonas más despobladas de Europa y que sufren un grave deterioro económico, en parte debido a dicho fenómeno.

Los responsables empresariales de las tres provincias manifestaron la necesidad de buscar fórmulas de apoyo novedosas que contrasten la "inevitable tendencia al abandono de sus gentes, la inviabilidad de los negocios y la pérdida de valor de sus inversiones".

Informaron de que, tras recabar el apoyo de CEOE y Cepyme, trasladarán el informe a las distintas administraciones para conseguir más respaldo e implicación por parte de sus responsables, y que defiendan estas ayudas tanto a nivel nacional como en Europa. Tal y como ponen de manifiesto en su informe, el 90% del territorio de estas tres provincias está por debajo de un umbral de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Denuncian que estas regiones no solo cuentan con una baja densidad de población sino que sus niveles de industrialización son inferiores a la media, y los de envejecimiento, muy superiores. A la vista de estos datos, las tres patronales entienden que las políticas de cohesión territorial no son suficientes y por ello piden que el reparto de los fondos comunitarios se tengan en cuenta los índices demográficos.