Rafael Gracia Carbonell, el testigo que acusó a la Guardia Civil de presionarle para que declarara que el párroco de Borja era objeto de un chantaje, se ratificó ayer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, Nieves Pérez. "Mi cliente ha confirmado todos los extremos de su declaración del pasado 29 de enero", manifestó a los medios de comunicación su abogada, Noelia Sanmartín, que lo acompañó durante la diligencia, que se enmarca en la denuncia interpuesta por la Benemérita de Borja por un supuesto delito de calumnias.
Rafael Gracia había mantenido inicialmente que el clan de Zapato Veloz amenazaba al sacerdote, Florencio Garcés, con enseñar una foto comprometedora en la que se le veía con una mujer ligera de ropa.
Sin embargo, ayer se negó a dar más detalles y no quiso responder a las preguntas que planteó el abogado de la Guardia Civil, Mariano Montesinos, que lo acusa de calumniar a los miembros del instituto armado.
DOS CAUSAS
Compareció además un alférez del cuartel de la Guardia Civil de La Almunia que subrayó que él y sus compañeros (otros tres miembros del cuerpo) se sienten "calumniados" por las manifestaciones de Gracia, que inicialmente gozó de la condición de testigo protegido en el proceso que se sigue contra el párroco por apropiación indebida y un delito de índole sexual.
Las diligencias abiertas por supuestas calumnias constituyen otra causa relacionada con el asunto principal, en el que cinco miembros del clan familiar de los Zapato Veloz están imputados por extorsionar presuntamente al párroco y formar una organización criminal.
Su abogado, el letrado Sergio Pérez, mantiene la inocencia de los cinco imputados y considera que el caso se ha debilitado después de que dos testigos se hayan retractado de las afirmaciones que realizaron en noviembre del año pasado, cuando estalló el escándalo.
Por lo demás, en la investigación por supuestas calumnias Mariano Montesinos ha pedido que se amplía a un miembro de los Zapato Veloz, Luis Carbonell, porque considera que las declaraciones que ha realizado a distintos medios de comunicación faltan a la verdad y resultan lesivas para la honorabilidad de los miembros del instituto armado.
De momento, el sacerdote sigue apartado de la parroquia de Borja, por orden del obispado de Tarazona, que defiende su inocencia pese a las presuntas irregularidades en las cuentas de la iglesia local.
