El testigo protegido en la investigación sobre el párroco de Borja, imputado por un delito de abusos sexuales y otro de apropiación indebida, compareció ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona para ratificar que la firma estampada en dos escritos remitidos a la jueza del caso era realmente la suya. Esta diligencia se llevó a cabo sin presencia de los letrados de las partes.

Las declaraciones de este testigo protegido aparecen desde el principio envueltas en la polémica, pues en algún momento se desdijo y manifestó que las había efectuado bajo presiones de la Guardia Civil. Además, esta persona no da una versión directa de los hechos sino que afirma haber tenido conocimiento de los mismos por haberlos oído comentar a terceros.

Mañana, sin embargo, comparecerá en el juzgado Santiago C. E., un vecino de Borja de 24 años que fue denunciado por el párroco, Florencio Garcés, después de haberle entregado 30.000 euros, por considerar que había sido objeto de una estafa.

Santiago C. E. manifestó, por su parte, que esa suma le había sido entregada a cambio de una serie de servicios sexuales prestados al sacerdote, cuya defensa mantiene que ha sido objeto de un montaje y que no cometió ningún delito sexual ni se apropió del dinero que gestionaba cuando se hallaba al frente de la parroquia, en concepto de donativos de los fieles.