Los cinco jóvenes y el dueño del bar El Tocadiscos que el pasado 8 de diciembre presenciaron el brutal ataque recibido por Víctor Láinez a manos, presuntamente, de Rodrigo Lanza, reiteraron ayer ante la jueza del caso que la agresión respondió a una cuestión ideológica, ya que la víctima vestía unos tirantes con la bandera de España. También descartaron que la víctima amenazara con una navaja al antisistema, versión que ofreció el propio Lanza y los amigos que le acompañaron aquella noche.
Durante cinco horas, todos estos testigos describieron ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, los hechos ocurridos en el interior del establecimiento del barrio de La Magdalena. Según pudo saber este diario, la instructora llegó a realizar una especie de reconstrucción de los hechos sobre el plano del local para así conocer dónde estaban situados Láinez y Lanza, así como los testigos, de cara a valorar qué es lo que pudieron ver y oír en el enfrentamiento.
Al igual que hicieron ante la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, los testigos señalaron que el ataque fue por la espalda. «Cayó Víctor al suelo y ya allí le dio una fuerte patada en la cabeza para, posteriormente, agacharse y seguir dándole puñetazos en la cabeza».
De hecho, varios de los clientes de El Tocadiscos llegaron a apuntar que la víctima recibió un primer golpe que «hizo que diera un par de tumbos hasta que se desplomó en el suelo». Allí Lanza habría rematado a Láinez.
El dueño del bar señaló que víctima y detenido intercambiaron palabras que, en un primer momento quedaron en eso. «Me vino Víctor Láinez y me dijo que le habían dicho que era un fascista, por el hecho de llevar unos tirantes con los colores de la bandera nacional». Todos los testigos también resaltaron que el único autor de este crimen de odio es Rodrigo Lanza y que sus tres amigos no dieron golpe alguno a la víctima.
Las dos chicas que acompañaban a Lanza aquella noche están citadas a declarar como testigos el próximo viernes ante la jueza. Mientras, todavía está en el aire si la instructora citará como testigos (como tenía previsto inicialmente) o como imputado a Pablo M. G., tal y como solicita el abogado de la familia de la víctima, Juan Carlos Macarrón, quien entiende que pudo cometer un delito de omisión del deber de socorro y otro por no mediar y evitar este trágico desenlace. La Policía sí que le tomó declaración como investigado.
