Los juicios en general, y los relacionados con Plaza en particular, nos tienen acostumbrados a que los peritos defiendan con igual vehemencia un aspecto o el contrario, según qué parte les cite. Así ha ocurrido en otras vistas tratando el valor de unos terrenos, o el carácter público o privado de unos fondos. Pero ayer la discrepancia fue llamativa al mostrarse igualmente rotundos los peritos de Plaza y de Agapito Iglesias sobre si se excavaron o no 32.000 metros cúbicos de tierra.
Un volumen de áridos que llenaría 6.400 contenedores de obra, casi 13 piscinas olímpicas, y que a tenor de lo oído ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza no se puede afirmar si realmente se llegaron a sacar o añadir en la obra del aulario. Lo que sí que hicieron es quedar reflejadas en una factura aportada al juzgado por Codesport, y por la que las acusaciones, que la consideran falsa, piden hasta ocho años de cárcel para el constructor soriano.
Lo que ha quedado claro en las dos jornadas del juicio celebradas -terminará mañana y no hoy, por problemas de agenda- es que los exempleados de Codesport no vieron semejante excavación. Anteayer la negaron tres, incluido el jefe de obra. Y ayer, otro que teóricamente era de la defensa, empezó desacreditando al jefe de obra, diciendo que no estaba todavía cuando se llevó a cabo la excavación, que llegó a situar en «seis metros y medio» de profundidad (se hablaba de cinco).
Pero finalmente dio argumentos más propios de la acusación, porque ni se contrató maquinaria pesada para las obras, acreditó, ni fue una excavación, sino una aportación de otras tierras de la parcela para nivelar el suelo respecto a los espacios vecinos. Una aportación, además, que no parece casar con el relleno de material «de calidad» que figura en la factura.
Los cuatro peritos que aportaron Iglesias y sus empresas, según confesaron a la fiscala, en realidad no hicieron pruebas y apenas una vista al recinto. Pero con unas fotografías aéreas y los datos de los informes de la acusación, además de los del arquitecto -que decían que era inviable quitar tanta tierra-, sorprendentemente llegan a conclusiones opuestas: afirmaron «con rotundidad» no solo que se excavaron los cinco metros, sino que no podría haberse hecho de otra manera, porque el terreno era de mala calidad y amenazaba colapso.
CACHARROS Y PEPINAZOS
Los de la acusación, que declararon antes, expusieron que tal agujero, «del tamaño de la Romareda», habría tenido que ser patente, y además la compactación del terreno requería maquinaria pesada, «cacharros» enormes con bolas de demolición dando «pepinazos» en la tierra para aplanarla, en el llano lenguaje del perito. Seguirían así la «compactación dinámica con ariete» que marcaba la factura. La defensa pasó de puntillas por el asunto del «ariete», y justificó que podía hacerse con un rodillo, o improvisando una especie de maza, a lo sumo.
Ambos bandos consideraron que las catas usadas como análisis por la acusación, y el penetrómetro (un aparato de medida por percusión del suelo) utilizado por la defensa son, en suma, un sistema inútil para este caso. Ni siquiera las fotos aéreas fueron interpretadas igual por ambos equipos. Donde unos ven excavación, otros ven elevación del terreno circundante.
Más claro, por no ser contradicho, fue el perito económico de Iglesias, que afirmó que la factura de 1,4 millones en discordia era, «contable, mercantil y fiscalmente» válida, y figuraba en la documentación desde al menos abril del 2010, seis meses después de su fecha. Lo cual, en principio, invalidaría la tesis de la acusación de que elaborada ad hoc, tres años después, para justificar el precio de 7,4 millones de los trabajos.
