Los grupos políticos del PP, CHA y PAR de oposición en el Ayuntamiento de Huesca coincidieron ayer en calificar de "maniobra especulativa" el principio de acuerdo suscrito entre el equipo de gobierno municipal y un promotor primado para la recalificación de suelo para la construcción de 700 chalets.

El portavoz del grupo del Partido Popular en el consistorio, Ignacio García Pantoja, responsabilizó al alcalde oscense, Fernando Elboj, de ofertar un "urbanismo a la carta" a cambio de la obtención de recursos económicos, 4,2 millones de euros, para inversiones en la mejora de la red de suministro de aguas a la ciudad. El edil calificó de "pelotazo" la operación y acusó al alcalde de "venderse por unas migajas".

El portavoz del PAR, Fernando Lafuente, calificó el proyecto de "políticamente inaceptable" al considerar que "no respeta" los derechos de igualdad de todas las empresas de la ciudad y no beneficia los intereses generales de sus habitantes.

"CHAPUZA" Por su parte, el portavoz de CHA, Miguel Solana, consideró una "chapuza y venta barata" la operación urbanística acordada, que vinculó a la "incapacidad, ineptitud e incompetencia" del grupo de gobierno para obtener recursos.

En respuesta a las críticas de la oposición, el alcalde oscense explicó que la urbanización propuesta permitirá "completar" la oferta inmobiliaria existente en la ciudad con un tipo de vivienda de "alto nivel" orientada a un sector de la población de nivel social "medio-alto".

Comentó que el proyecto presentado junto a los planes de construcción de nuevas viviendas de protección y a la firma, en próximos días, de un convenio con Cáritas para la ejecución de alojamientos para familias marginales, se dirige a "atender la diversidad socioeconómica de la ciudad". Fernando Elboj añadió, además, que la urbanización proyectada permitirá captar en la capital aragonesa un mercado de nivel turístico-residencial.

Por otra parte, Izquierda Unida, formación política que ahora mismo no cuenta con representación municipal, propone una recogida de firmas para forzar un debate en el pleno del consistorio y que se realice una consulta popular sobre la necesidad o no de privatizar la gestión del servicio del agua.