Todas las comunidades autónomas, en menor o mayor medida, recurren a la contratación público-privada en el ámbito de la sanidad, y lo hacen a través de distintas fórmulas jurídicas y para actividades que abarcan desde las infraestructuras hasta la gestión hospitalaria y la prestación de servicios clínicos.

Esta es la principal conclusión del estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) sobre la colaboración público-privada.

Los contratos de colaboración público-privada surgen con "tanta fuerza", según el estudio, por "unos gastos sanitarios que crecen de forma muy rápida, que tensionan los presupuestos públicos y dificultan determinadas inversiones, o bien implican que éstas se tengan que desarrollar con plazos muy dilatados cuando se financian por la vía del presupuesto de forma convencional.

Cataluña encabeza el listado de comunidades autónomas que registra mayor volumen de contratación público-privada, al destinar alrededor de un cuarto de su presupuesto sanitario a este concepto (2.450 millones de euros).

Le siguen las comunidades de Madrid y Andalucía, aunque con mucha diferencia respecto a Cataluña.

Pero, si se analiza el porcentaje del gasto sanitario destinado a la contratación público-privada, se observa que tras Cataluña con el 24,1 %, Canarias y Baleares son las comunidades con mayor gasto relativo en este concepto ya que dedican respectivamente el 10,3 % y el 8,8 % del gasto sanitario total.

Las formas de contratación entre el sector público y el privado, incluyen los conciertos (se presentan servicios empleando medios ajenos a los de la administración), los convenios (el establecimiento privado se integra plenamente en la red hospitalaria pública) y las concesiones (el sector privado gestiona el servicio público a su propio riesgo).

Las servicios sanitarios en los que las administraciones apuestan en mayor medida por colaborar con las empresas privadas son el diagnóstico por imagen y las terapias respiratorias, y ya en menor medida las intervenciones quirúrgicas y la hemodiálisis.

En cuanto a los convenios, varias comunidades autónomas han firmado acuerdos plurianuales con entidades privadas para su integración en la red hospitalaria pública la prestación de la cartera de servicios a un área de población determinada.

Es el caso de Andalucía (Orden San Juan de Dios, Grupo Pascual y Cruz Roja), Asturias (Hospital de Jove), Baleares (Hospital de la Cruz Roja en Palma), Cataluña (varios hospitales del CatSalud), Galicia (Povisa y Centro Oncológico de Galicia), Madrid (Fundación Jiménez Díaz) y País Vasco (Orden San Juan de Dios en Vizcaya).

Mientras, la comunidad valenciana y la de Madrid son las que más han apostado por el modelo de contrato de colaboración basado en concesiones.

IDIS respalda la colaboración entre público y privado bajo el modelo de concesión, que se ha desarrollado en países europeos como Suecia e Inglaterra, ya que permite introducir una mayor eficiencia al sistema sanitario, reporta beneficios financieros, permite reducir las listas de espera y aporta flexibilidad e innovación en la gestión.