El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes -con el voto de todos los grupos municipales y el rechazo de ZeC- una moción que insta al Gobierno municipal a elaborar un informe urgente sobre el impacto económico de las posibles reclamaciones patrimoniales en sentencias pendientes.
La iniciativa ha partido de la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, quien ha subrayado que, a dos meses de las elecciones municipales, es un "imperativo" conocer la situación real del Consistorio, que tiene pendientes sentencias por un montante superior a 200 millones de euros.
Ha reconocido que estas cuestiones sobre las que ahora se pronuncian los tribunales son "herencia recibida" de anteriores legislaturas, pero ha insistido en que la situación es "grave" dada la "delicada" situación económica del Ayuntamiento.
En la misma línea se ha pronunciado la popular María Navarro al responsabilizar de esta losa a los anteriores gobiernos socialistas y, del mismo modo, ha recordado que fue gracias a un Ministerio de Hacienda gobernado por su partido por lo que Zaragoza accedió a fondos para pagar sentencias.
La socialista Marta Aparicio ha incidido en la obligación de litigar del Ayuntamiento, aunque también ha pedido un plan para afrontar los posibles pagos y que se intente llegar a acuerdos extrajudiciales para ahorrar dinero.
Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha destacado que los 19 millones que se han tenido que pagar recientemente pueden ser solo "la punta del iceberg" ante la inadmisión del recurso contra la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a abonar las revisiones de precio del servicio de limpieza viaria en los años 2008 y 2009 a la empresa FCC, que se podrían ampliar a los ejercicios posteriores.
Frente a ellos, el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ha defendido que no hay que hacer ningún estudio, porque todos los datos son públicos y porque las sentencias no son firmes y, de hecho, algunas son "contradictorias".
