Todos los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza salvo el PP han sumado sus votos para incoar un procedimiento de revisión de oficio que declare nula la decisión plenaria que aprobó en 2007 la expropiación de unos terrenos del club deportivo Tiro de Pichón.

El Gobierno de Zaragoza en Común, PSOE, Ciudadanos y CHA han apoyado esta decisión por estar respaldada por varios informes jurídicos, por los técnicos y para defender los intereses de la ciudad, mientras que el PP ha calificado este movimiento de "pataleta" para no pagar la expropiación a esta asociación.

El Tribunal Supremo dictó sentencia a este respecto y determinó que el Consistorio debía pagar más de 9 millones de euros al Tiro de Pichón por la expropiación, que en un primer momento fue valorada por 2,3 millones, algo que el consejero municipal de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha acatado pero ha tildado de "incomprensible".

Lo que ha cambiado desde entonces es que ha aparecido un documento de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de 1976 que dice que esta parcela en la ribera del río, de 11.799 metros cuadrados, es de titularidad municipal.

Muñoz ha señalado que la única forma de no tener que abonar esos nueve millones de euros, de los que ya se han pagado "indebidamente" tres, es proceder a la revisión de oficio de la expropiación y declararla nula de pleno derecho, por lo que ya carecería de sentido la sentencia del Supremo.

Por tanto, el Consistorio no debe pagar por algo que ya es suyo y no hay "más remedio" que votar a favor, desde el punto de vista "político" y "ético", ha añadido.

Es por ello por lo que ha pedido a los populares que reconsiderasen su posición, dado que además "no es habitual" que ZeC, PSOE, Ciudadanos y CHA coincidan en algo, por lo que es "palmario" que "algo de razón" deben de tener.

No obstante, el Grupo Popular no ha modificado el voto negativo que ya dio en la Comisión y ha calificado la maniobra de "chapuza jurídica" y al Gobierno municipal, de "banda".

Ha comenzado su intervención preguntándole al responsable de Economía, Fernando Rivarés, "quién se cree que es" para decir que no va a pagar cuando lo exige una sentencia del TS y ha reiterado, en respuesta a Muñoz, que lo que se debe hacer desde el punto de vista "jurídico, ético y político" es cumplir la ley.

Del mismo modo, ha mostrado su sorpresa por que el resto de la oposición se haya sumado a la revisión de oficio y les ha acusado de no haber leído la sentencia y de dar una "patada hacia adelante" sin ser conscientes del "dineral" que puede costar.

El resto de formaciones políticas sí que han respaldado sin fisuras la propuesta del equipo de gobierno con argumentos similares.

Así, Lola Ranera (PSOE) ha instado a defender el dominio público de la ciudad y ha felicitado al funcionariado de la casa por el informe jurídico, que es "impresionante" y explica muy bien la situación.

Alberto Casañal, de Ciudadanos, ha reconocido que se ve "obligado" a apoyar la propuesta porque cree que es de "pleno derecho" defender los intereses de Zaragoza.

Desde CHA, Leticia Crespo ha asegurado que esta parcela, inundable, "jamás" debió ser objeto de expropiación, y ha respaldado la vía de la revisión de oficio para defender los intereses públicos dado que la jurisdiccional ya está agotada.