El debate sobre la legalización de Torre Village se presumía como el más polémico de los que se presentaban ayer en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza pero, pese a las críticas y las tensiones que el tema genera, acabó exhibiendo una mayoría política más amplia. Se trataba de mostrar la posición de cada grupo respecto a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que regularice su situación y el Gobierno PP-Cs acabó sumando a la causa los dos votos de Vox y respiró aliviado al constatar que sigue intacto el respaldo de un PSOE más crítico con la «precipitación» actual que con una cuestión de fondo (si se debe adaptar la norma a los intereses de los promotores o debería ser al revés), que todos, salvo Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos-Equo, ven como agua ya pasada.

Este último anunció que ayer mismo solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón «medidas cautelarísimas» para paralizar unas obras que, en el caso de la urbanización, según el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, «ya es del 98%». La formación morada confía en que el magistrado que firmó las dos sentencias que declararon nulo de pleno derecho el plan especial que permitió a Iberebro obtener licencias ahora atenderá su solicitud. Pero el Gobierno PP-Cs no se tambalea, salió reforzado.

El PSOE le otorga buena parte de ese refuerzo. La concejala María Ángeles Ortiz recriminó a Serrano que presentara así un debate que «habría requerido de un estudio mucho mayor sobre lo que puede conllevar modificar el PGOU» y que este pronunciamiento previo podría ser «conveniente pero no necesario», ya que el pleno del pasado mes de marzo ya dejó clara la posición mayoritaria. «Lo que procede es analizar la fórmula más adecuada y no se concreta aquí», lamentó. Ahora su partido «va a mirar con lupa» cómo se lleva a la práctica esa mayoría, apostilló, porque «los acuerdos no vienen por inspiración mística» y su apoyo no será «un cheque en blanco».

«Está tomando decisiones de forma unilateral por la tranquilidad que le da tener los votos de la ultraderecha», subrayó la socialista. Y estos le llegan casi sin debatir. Carmen Rouco, concejala de Vox. Se limitó a mostrar que su partido está «a favor de iniciar el trámite» de modificar el PGOU, por su «interés ciudadano» y ante el riesgo de «una reclamación millonaria». Y nada más.

Tampoco iba a ponerse como Pedro Santisteve, que acusó a todos de «vestir al muerto» con una táctica que se salta «a la torera la legalidad» y «rompe la ciudad». Por eso pedía la «prudencia» que sí tiene con la reconversión de los depósitos de Pignatelli, paralizada pese a tener unanimidad y ninguna sentencia en contra.