Los trabajadores de Sarrimad de Sarrión (Teruel) se han manifestado hoy en la capital turolense para reclamar al Gobierno de Aragón que ingrese a la empresa 1,4 millones de euros, tal y como se recoge en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Para los empleados este dinero es "fundamental" para garantizar la continuidad de la empresa, afectada por varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), porque "cuando más pedidos hay es ahora y la empresa no tiene liquidez para comprar materia prima y por tanto no podemos trabajar", según ha explicado a los medios Leonardo Tavares, delegado sindical en el grupo maderero.
Los trabajadores han marchado desde la plaza San Juan hasta la sede del Gobierno de Aragón en Teruel portando carteles que decían "Por el empleo" y "Por nuestras familias", y tras una pancarta que reclamaba el cumplimiento de la sentencia.
Una de las principales actividades del grupo es la elaboración de cajas de fruta para la campaña de recogida que comienza ahora, y sin liquidez no pueden abordar la compra de material.
"Los trabajadores están parados, teniendo trabajo y demanda", tal y como ha asegurado Pablo Urmeneta, secretario general de Construcción de Comisiones Obreras.
"Sin liquidez no podrá atender la campaña y en menos de un año puede entrar en situación concursal", ha alertado.
El grupo Sarrimad está compuesto por tres empresas: Sarrimad, con 54 trabajadores; Maderas El Real con 20; y Real Energética con un empleado.
La primera empresa está afectada por un ERE completo de seis meses y la segunda, por otro de reducción de jornada.
La sentencia por la que el Gobierno de Aragón está condenado a pagar 1,4 millones de euros se refiere a la tercera empresa, una planta de cogeneración que en la actualidad está parada.
Según Urbaneta, la sentencia da la razón a la empresa que reclamaba el coste de la puesta en marcha de la planta y los intereses, ya que el Gobierno de Aragón autorizó en su día que entrara en funcionamiento mediante un sistema bonificado.
"La empresa hizo la inversión y después el Departamento de Industria le retiró la autorización, y por tanto las bonificaciones, lo que la hizo inviable", ha apuntado el representante sindical.
No obstante, contra esta sentencia cabe recurso y el Gobierno de Aragón ha anunciado que recurrirá, así que si el proceso se demora tres o cuatro años "ya será tarde para los trabajadores", ha dicho.
A la marcha han asistido también representantes de CHA y de IU, que han anunciado que presentarán proposiciones no de ley para instar al Gobierno de Aragón a que haga efectivo el pago.
