El Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón, en colaboración con FAPAR y la Plataforma por la Escuela Pública, ha decidido llevar a los tribunales la orden de becas de comedor y material curricular del Departamento de Educación. El colectivo ha presentado un recurso contencioso administrativo que se une al elaborado ya el año pasado sobre las ayudas del curso 2013-2014.

Los trabajadores sociales denuncian los criterios, el presupuesto y el "enfoque" de una prestación que consideran "muy excluyentes". De hecho, el colegio considera "vergonzosa" la mecánica dispuesta por el departamento en la orden. "Los plazos para solicitar la ayuda fueron cortísimos y el hecho de obligar a presentarla a través de la red obvió que muchas familias no tienen acceso a ordenador o no posee habilidades o destrezas para ello, por lo que creemos que esa fórmula que eligieron fue un desastre al no estar adaptada a la ciudadanía", explicó Javier Escartín, presidente de los trabajadores sociales aragoneses.

En este sentido, estos profesionales, que han ofrecido su colaboración a las familias para recurrir la orden, han detectado problemas especialmente con las familias monoparentales. La orden exige la firma de padre y madre para optar a una ayuda, "pero en muchos casos, el niño vive con sus abuelos o su padre está en otro país y no puede firmar, por lo que no se atiende a la diversidad y se le priva de aspirar a esta ayuda", exponen desde el colegio, que insisten en que este tipo de familias "son los que más sufren".

Al colectivo tampoco le convence el sistema elegido por la Administración para utilizar los 720.000 euros derivados por el ministerio y destinados a frenar la pobreza infantil. La apertura de comedores escolares en verano no cuenta con la aprobación de los trabajadores sociales, que, eso sí, valoran el "esfuerzo" realizado por la DGA. "gracias a la presión ejercida desde Unicef y por la Defensora del Pueblo", pero "sigue siendo una cantidad insuficiente y creemos que se hizo todo demasiado improvisado", subraya Escartín.

Para el colectivo aragonés, la mejor fórmula hubiese sido "ingresar ese dinero a las familias registradas ya con problemas económicos, algo que sí se ha hecho con alumnos del medio rural. Es una medida más justa y no se estigmatiza, sino que se refuerza de manera directa al alumno necesitado".