Los ayuntamientos aragoneses, aun los que registran un superávit en sus cuentas, están atados de pies y manos en el plano económico. La regla de gasto y la de tasa de reposición aprobadas por el Gobierno central en lo más crudo de la crisis, que regulan las inversiones y las contrataciones, impiden que los consistorios dispongan libremente de sus ingresos y puedan aplicarlos en políticas sociales.
En Aragón, en torno al 40% de los municipios presentan superávit gracias a una estricta política de contención del gasto y a que las plantillas se mantienen congeladas. De esta forma, en la actualidad la deuda total de las corporaciones asciende a unos 1.000 millones de euros, pero Zaragoza copa alrededor del 80% de esa cantidad.
Pero estos buenos resultados, generalizados en las pequeñas y medianas localidades de la comunidad, no son un consuelo para los municipios que cumplen los parámetros del Ministerio de Hacienda, que a su vez es está estrechamente vigilada por las autoridades económicas de la Unión Europea.
«Las normas de contención del gasto son tan estrictas que ningún municipio puede mejorar los servicios que presta a los vecinos», denuncia Carmen Sánchez, presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas (FAMPC). «De esta manera es muy difícil dinamizar la economía desde el ámbito local», subraya.
AMORTIZAR LA DEUDA
Barbastro es uno de los municipios aragoneses con superávit. «Hace años que nuestros ingresos superan ampliamente los gastos», asegura el alcalde de la población oscense, Antonio Cosculluela. En el 2016, sin ir más lejos, la ciudad del Vero consiguió un ahorro neto del 21%, con una diferencia a favor en el capítulo de gastos e ingresos de 2,6 millones de euros. Además, a lo largo del último periodo, el ahorro acumulado asciende a 12,5 millones, cuando el presupuesto anual de la ciudad ronda los 15.
Esta buena marcha de las finanzas locales ha permitido una rápida amortización de la deuda, que ha pasado de los 10 millones del 2010 a los dos millones del actual ejercicio. «El problema es que no te dejan gastar ni lo que ingresas cada año ni las aportaciones del Estado», explica Cosculluela. Solo está permitido, dice, usar una parte del ahorro en las denominadas inversiones financieramente sostenibles (IFS).
SOSTENIBILIDAD
Pero Hacienda es la que marca el destino que se debe dar a esos fondos liberados, «que a veces no coincide con las necesidades del municipio», lamenta el regidor barbastrense, para quien las restricciones aplicadas por el Gobierno central constituyen «una inmoralidad, una injusticia y un atentado contra la autonomía local». Desde su punto de vista, el control de la marcha de las economías locales tiene una razón de ser, «pero no habría de ser tan estricto con quienes sí cumplen las normas».
Según la ortodoxia aplicada por el departamento de Cristóbal Montoro, los proyectos financieramente sostenibles son los que no generan gastos adicionales en mano de obra o en consumo de bienes y servicios, un epígrafe en el que no cabe el gasto social.
Utebo, la quinta ciudad más poblada de Aragón, es también de las cumplidoras, con un superávit de tres millones de euros en el 2017. A base de un gran esfuerzo en la contención de gastos, sin apenas tocar los impuestos, el municipio ha conseguido librarse de la carga financiera que suponían los intereses de los préstamos. Pero, pese a ello, «no se puede ni contratar personal ni hacer inversiones», lamenta Miguel Dalmau, alcalde de la localidad.
En su opinión, «no se entiende que no dejen invertir cuando se hacen las cosas bien», Por ello pide «un trato distinto» para los ayuntamientos que cumplen los parámetros de Hacienda. Dalmau destaca que el ahorro de Utebo resulta doblemente meritorio si se tiene en cuenta el nivel de servicios que presta el consistorio, que posee un gran equipamiento social, y que es de los pocos municipios españoles con un servicio de préstamo de libros de texto para alumnos de Primaria y Secundaria.
