«A los transportistas tradicionales nos están matando a nivel económico». Así de tajante se muestra José Antonio Moliner, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera (Tradime Aragón) con respecto a la situación del sector desde que los grandes operadores comenzaran la expansión de su negocio «a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas buzón». Una expansión que, según Tradime, se basa en la utilización de «falsos autónomos, que se aprovechan de la tarjeta de transporte de la cooperativa», y de una «competencia desleal por los bajos salarios con los que operan».
Para tratar de mantener las condiciones de trabajo en el transporte, el presidente de la asociación, José Antonio Moliner, exige que se cambie la normativa para que «cualquier persona que entre al mercado de transportistas deba contar con la capacitación profesional necesaria».
Hace dos años, el 20 de abril del 2018, Tradime denunció a cinco cooperativas ante la Inspección de Trabajo por «fraude de ley», por la utilización de «falsos autónomos» y por las condiciones de acceso y trabajo en estas cooperativas, «que nada tiene que ver con el funcionamiento normal de la unión de trabajadores en una cooperativa tradicional». Según denuncian, en estas cooperativas se establece una tasa de entrada que «no se comunica al trabajador en el contrato inicial, pero que después se reclama cuando éste pide salir de la misma».
Inspección de trabajo
Se trata de casos que no solo se dan en Aragón, sino que también tienen constancia de ellos en Pamplona o Valencia. Además, criticó Moliner, «les prometen salarios de 4.000 euros mensuales, pero conocemos casos de trabajadores a los que un mes de trabajo les ha salido a deber 300 euros, después de pagar la cuota de la cooperativa, la gasolina, el renting del camión...». No obstante, desde la asociación de transportistas se muestran «positivos» ya que esperan que la resolución de Trabajo llegue «pronto» y les sea favorable.
Por otro lado, Tradime realiza una denuncia pública de la deslocalización de empresas a países del este de Europa, como Rumanía y Bulgaria, las llamadas «empresas buzón». En palabras de Moliner, «estas compañías solo buscan reducir al mínimo el pago de impuestos y aprovechar que los salarios son más bajos que en España, reduciendo los costes un 35%».
Por eso, afirma, «estas compañías pueden trabajar un 20% más barato, lo que nos ahoga económicamente». Moliner denuncia que «el único interés de deslocalizar las empresas es lograr beneficio económico a costa de los trabajadores». De hecho, Tradime ha constatado las condiciones en las que acceden los empleados de estas empresas, que cobran «700 euros al mes, dietas incluidas, frente a los 1.500 que se cobran de media en España». Además, critican que estas compañías tan solo pagan «50 euros de seguridad social al mes». Y denuncian que «los beneficios de la compañía, en lugar de quedarse en Rumanía, se quedan en España».
Según los informes de Tradime a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la cifra de negocios de las empresas deslocalizadas se multiplicó del 2010 al 2018 mientras que los beneficios netos se mantuvieron prácticamente constantes. Algo que se explica, según Moliner, «porque los beneficios se quedan en España». Además, según denuncian los transportistas, varias empresas comparten sede social en Rumanía, lo que para ellos demuestra que «solo busca el aumento de beneficios, no expandirse con una estructura industrial en ese país».
Por todo ello, los transportistas reclaman la intervención de las instituciones para «conservar unas condiciones de trabajo justas».
