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DRAMÁTICA EFEMÉRIDE

La tragedia de la Flying cumple 30 años

 

Bolsas con cadáveres, en la puerta de la discoteca Flying, la madrugada del 14 de enero de 1990. - EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO
14/01/2020

El 14 de enero de 1990 es una de las fechas que engrosan el triste listado de tragedias que han asolado Aragón en el último medio siglo. No es cuestión ahora de hacer un 'ranking', pero sí de situar el incendio de la discoteca Flying en una perspectiva histórica dramática, la misma con la que miramos el incendio del Corona o la tragedia del 'camping' de Biescas, por ejemplo. En la Flying, situada en la esquina de las zaragozanas calles Trinidad y Don Teobaldo, murieron 43 personas la madrugada del 13 al 14 de enero de hace 30 años.

En el establecimiento había unas 70 personas y solo salvaron la vida aquellas que estaban cerca de la puerta en el momento de producirse las llamas, al parecer por una avería eléctrica. La mayor parte se divertía en la planta de abajo, espacio que el humo convirtió en una trampa mortal. Solo una persona resultó herida grave, una mujer que fue trasladada al Miguel Servet. El resto de afectados no llegó nunca al hospital. Sus cuerpos yacieron en fila en la calle Trinidad ofreciendo una dantesca imagen de lo ocurrido.

Hace más de cinco años que el triste suceso que marcó un antes y un después en las normas de seguridad contra el fuego en la capital aragonesa agotó su recorrido legal, tanto en la vía civil como en la penal. El último episodio judicial se produjo en verano del 2014, cuando la Audiencia de Zaragoza declaró firme la sentencia que ratificaba la decisión del juzgado de primera instancia que exculpó a la DGA y al consistorio zaragozano de toda responsabilidad civil en la tragedia. "La causa se cerró en falso y de forma injusta", ha sostenido siempre María del Carmen Roigé, letrada de varios afectados por el incendio. Los familiares de los fallecidos nunca han percibido una indemnización, salvo unas modestas cantidades al comienzo del largo proceso.

Durante años, la pretensión de los deudos de los fallecidos, que renunciaron a recurrir al Supremo tras aquel revés procesal, fue la de implicar a las administraciones en la causa, dado que, en su opinión, no velaron por el cumplimiento de la normativa antiincendios en el local de Flying. Sin embargo, este objetivo se vio imposibilitado durante el proceso, dado que la causa real del fuego nunca se llegó a establecer aunque se atribuyó vagamente a un fallo eléctrico.

Por vía penal el resultado tampoco fue el esperado por las familias de los muertos. El encargado del local, Francisco Lacruz, ya fallecido, fue condenado por no dar la voz de alarma. Debía abonar 60.000 euros por cada víctima mortal y 240.000 a una mujer herida grave. Pero era insolvente y sus herederos, desconocidos para la Justicia, están declarados en rebeldía.

En cuanto al propietario, el hostelero y empresario taurino Faustino Martínez, fue declarado responsable civil subsidiario y condenado a dos años de cárcel por insolvencia fraudulenta, dado que entorpeció la averiguación de su patrimonio para no pagar indemnizaciones.

   
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