Arcelor Mittal insistió ayer, a través de sus peritos, en que durante los años 2012 a 2015 fue víctima de una trama conformada por algunos de sus trabajadores, camioneros y empresarios del reciclaje que le llevó a colocar 29.600 toneladas de chatarra adulterada. Una situación que generó, según el experto en Blanqueo de Capitales y Fraude de la compañía, Juan Arenas González, un agujero de 7,66 millones de euros, a los que hay que añadir otros costes que elevan la cifra a 10 millones de euros.

Una conclusión que desde el primer momento pusieron en duda abogados defensores como José Luis Melguizo, Carmen Cifuentes, Enrique Trebolle, Juan Monclús y Cristina Ruiz-Galbe; quienes señalaron que los datos a los que llegó este perito responden a la documentación que le entregó la empresa, echando en falta una investigación pormenorizada de carácter propio.

Asimismo, estos letrados lamentaron que el perito de Arcelor Mittal solo señalara a tres empresas (Reciclarte, Hierros San Juan y Hierros y Metales Díez) como los impulsores de esta estafa, basándose en las declaraciones que varios acusados realizaron cuando fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía. Le reprocharon que dieran por buenas estas afirmaciones que en el momento de la instrucción resaltaron estas tres empresas, aunque en la primera jornada del juicio contra los trece acusados uno de ellos llegara a hablar de hasta una decena de sociedades.

Para intentar probar que las tres sociedades encausadas introdujeron tierra en camiones de chatarra para que pesaran más y cobrar, por tanto, más dinero, los peritos pusieron el ejemplo de la venta de un lote de un alambre exclusivo. «De dicha empresa salieron 4.750 toneladas, pero Recilarte vendió 20.000 toneladas a Arcelor Mittal, por lo que la diferencia fue residuo». Una afirmación que las defensas rechazaron, apuntando a que «se pudo aprovechar el viaje y rellenarse el camión con más chatarra que hubiera guardada en la campa».

Unas explicaciones, las de Arcelor Mittal, que fueron suficientes para la Fiscalía que, a final de la sesión, mantuvo su petición de condena que suma 45 años y nueve meses de prisión para los encausados. También pidió que se indemnice con 10,5 millones de euros a la empresa que, supuestamente, estafaron.