Negociar con la salud. Eso es lo que hicieron supuestamente los boticarios, almacenistas y distribuidores --hay 43 imputados hasta la fecha-- en la operaciones Pharmakon y Convector. No solo defraudaron al Sistema Aragonés de Salud y a Hacienda, sino que llegaron a desabastecer de algunos medicamentos las farmacias de todo Aragón debido a la ingente cantidad de pedidos a los laboratorios.

Así lo revela el sumario de esta causa, levantado parcialmente, que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el mismo, se señala que el dispensario de Palomar de Arroyos, regentado por Amparo Armiñana, adquirió 380 envases de Sinemet Plus en un periodo de 37 meses y solo facturó ocho de ellos.

Esto provocó, según un informe del Salud, "que durante varios meses enfermos de párkinson, que se encontraban controlados con dicho fármaco, tuvieran que cambiar de tratamiento con el consiguiente perjuicio sanitario".

A saber cómo se organizaba esta red ayudó la confesión de la boticaria de Monroyo, Rosa del Carmen Sorli, quien admitió que lo hizo por dinero. Aseveró ante la Benemérita que quien le propuso formar parte de ello fue su compañera de Peñarroya de Tastavins, Amparo Barberá, que le explicó que le mandaban una plantilla de medicamentos, que variaba mensualmente, para solicitarlos a los almacenes suministradores. Cuando los recibía solo una parte era dispensada a los pacientes y el resto volvía a las distribuidoras para venderlas al extranjero.

DEMANDA

El tipo de medicamento cambiaba según la demanda y también el beneficio, ya que algunos como el destinado para el tratamiento del párkinson "se llegó a pagar hasta el 150% de su valor".

El secretismo era el denominador común. Los miembros de la organización no se conocían y, por ejemplo, el farmacéutico recibía cada cierto tiempo la visita de un repartidor que tocaba el timbre y recogía una caja en la que, aunque se llevaba los medicamentos, pertenecía a pañales, productos de ortopedia o de limpieza.

De las 15 farmacias implicadas, la investigación resalta que las de Cariñena --regentada por Manuel Montero-- (37.000 envases), Peñarroya (22.000) y Palomar (cerca de 13.000) fueron las que más medicamentos revendieron.

Las pesquisas resaltan que la farmacia de Aguilón, de la que es titular Daniel Huesca, llegó a destinar a la exportación ilegal el 97% de sus pedidos, pudiendo ser Guinea uno de los destinos, ya que tiene un cargo público en el sistema de salud de ese país.

El instituto armado habla de almacenes pantalla en esta organización defraudadora para llevar a cabo sus operaciones. Uno de ellos sería la empresa Matepix-Farma, situada en Granada, y Disfarco, en Barcelona.