La industria del carbón está a punto de ser historia en Teruel. Quedan poco más de tres semanas para que se certifique el acta de defunción de un sector que lo ha sido todo para buena parte de esta provincia. El próximo 30 de junio se producirá el cierre oficial de la térmica de Andorra, propiedad de Endesa, que ha sido el principal sostén de esta actividad durante los últimos 40 años. El final llega en el peor escenario que cabía esperar. A los problemas arrastrados para dar una alternativa efectiva a este monocultivo económico, se han sumado los efectos perversos de la crisis del coronavirus, que están retrasando la puesta en marcha de inversiones, sobre todo, las del desmantelamiento de la central, que son el mayor salvavidas con que cuenta la zona para digerir este mal trago en el corto plazo.
Estos trabajos, que se prolongarán durante un periodo aproximado de entre cuatro y seis años y requerirán abundante mano de obra (unos 130 empleos con picos de hasta 200), son a día de hoy la principal oportunidad para recolocar a los 200 operarios de las subcontratas de la térmica que se han quedado sin trabajo en el último año o que lo perderán cuando acabe el mes con el cierre. Se trata del colectivo más desprotegido del fin del carbón, ya que el personal propio de Endesa tiene garantizado su futuro, al igual que ha ocurrido con la mayoría de los trabajadores que había en las minas cerradas hace un año y medio. Para lograr su reinserción laboral, deberán antes formarse en estas nuevas tareas. Los cursos de formación se esperan iniciar a finales de junio, dos meses después de lo que estaba previsto debido a las restricciones del estado de alarma del covid-19.
A solo 23 días de que la central deje de formar parte del sistema eléctrico nacional, poco se sabe de cómo, cuándo y quién acometerá el desmontaje de esta instalación industrial, una operación de enorme complejidad técnica que tendrá como hito la demolición de la chimenea, de 343 metros de altura, y que pilotará Endesa Ingeniería. Tras la clausura, la térmica pasará a manos de esa filial, que también se encarga de impulsar los numerosos proyectos fotovoltaicos y eólicos que la eléctrica está promoviendo en Andorra y su entorno. Hasta ahora era Endesa Generación la encargada de su gestión, pero esta sale de la escena al finalizar la producción de electricidad.
Contrato millonario / Endesa ha abierta una licitación para adjudicar el contrario millonario del desmantelamiento, un proceso que aún no se ha cerrado y sobre el que la compañía no da detalles. Aunque se desconoce qué compañías están pujando, suenan con fuerza nombres habituales de este tipo de proceso, como los grupos ACS, que lidera Florentino Fernández, o Nervión Industriés (Amper), controlado por la familia castellonense Martinavarro. Ambos conocen bien esta instalación energética ya que controlan precisamente dos de las principales subcontratas que han venido trabajando en la central. ACS, a través de la filial Cobra, ha tenido además una fuerte presencia en el territorio con la reciente construcción del macroproyecto fotovoltaico de 800 MW de potencia que se ha levantado en el entorno de Escatrón, a 40 kilómetros de Andorra. También podría entrar en liza la compañía catalana Sorigué, que junto con Hercal Diggers está llevando a cabo el desmantelamiento de los grupos 1 y 2 de la térmica leonesa de Compostilla.
Endesa confiaba en poder acompasar el cierre de la central con el inicio del desmantelamiento, pero la fecha sigue en el aire. En el mejor de los casos, los trabajos comenzarán en octubre con la limpieza industrial, una vez finalicen los cursos de formación, pero no hay nada seguro y la demora podría llegar hasta finales de año. Ese decalaje de tiempo, de entre tres y seis meses, preocupa en la zona porque puede dar pie al éxodo de una parte de los trabajadores vinculados a la central, que prefieran buscarse la vida en otro lugar en vez de esperar.
La parte administrativa del cierre también avanza con un sorprendente retraso que la covid-19 no ha hecho más que amplificar. Endesa recibió el pasado mes de septiembre la autorización ambiental del Ministerio de Transición Ecológica para acometer el proyecto de desmantelamiento, en la que se determinó que «no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente», pero todavía sigue pendiente de recibir de este mismo departamento la resolución de cierre. Aunque ese permiso no llegue antes de que acabe el mes, la planta se clausurará porque la normativa medioambiental europea impide que siga operando. Una vez recibido el visto bueno de Madrid, quedarán pendientes otros dos trámites para acometer el desmantelamiento. Primero, el cese de actividad que debe de conceder el servicio provincial del Ministerio de Industria y, seguidamente, el informe preceptivo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
Malestar en la plantilla / La inquietud también es patente entre los 121 trabajadores propios de Endesa que siguen en la térmica. En el último año y medio han sido recolocados cerca de 30 en otros centros de grupo en Cataluña, Zaragoza, Extremadura o Melilla y varios han accedido a la jubilación anticipada. «Los que quedamos no sabemos nada sobre nuestro futuro», asegura el presidente del comité, Hilario Monbielas. Sobre el papel, la gran mayoría de ellos podrán acogerse al plan de bajas voluntarias para mayores de 50 años pactado a nivel estatal entre la empresa y los sindicatos. «A día de hoy no se ha definido nada», asegura, molesto por la falta de información de la eléctrica a las puertas del cierre.
Lo que tampoco acaba de llegar es el prometido convenio de transición justa de Andorra, el plan con el que el Ministerio de Transición Ecológica pretende reactivar esta zona de Teruel afectada por la descarbonización. También en este caso el coronavirus ha retrasado el proceso, que arrastraba de por sí una considerable demora. La térmica por tanto se cerrará sin que se haya puesto en marcha este programa de medidas, ayudas e inversiones.
Hace unas semanas, el ministerio y la DGA firmaron el protocolo que fija las bases para elaborar el convenio, que debería de ver la luz antes del mes de octubre, según los plazos que se marcó a principios de año por el ministerio que dirige Teresa Ribera. Este plan tiene asociado el procedimiento para adjudicar la capacidad de evacuación eléctrica y la concesión de agua de la térmica, dos activos clave para apuntalar la reconversión de Andorra. Endesa aspira a quedarse el primero de estos recursos para promover en la zona 1.725 MW de potencia renovable, la mayor parte fotovoltaica (1.585).
Ariño encauza su reconversión y reclama el arreglo de la pista minera
Ha pasado un año y medio desde que se cerró la mina de carbón de Ariño, explotada por la empresa Samca. A pesar del varapalo que supuso, la situación del municipio es «relativamente buena», asegura su alcalde Joaquín Noé. Lo cierto es que la mayor parte de los trabajadores se lograron recolocar desde un principio, bien en los trabajos de restauración del yacimiento o en otras actividades de Samca en la zona. A ello se suma la fábrica de fertilizantes que esta misma empresa está construyendo en el municipio, cuya puesta en marcha también se ha demorado unos meses por la crisis del coronavirus. Noé reclama el arreglo de la pista minera para que se convierta en una carretera convencional, un proyecto que confía en que pueda impulsarse al amparo del convenio de transición justa.
