El Gobierno central y el aragonés regresan el próximo miércoles a la mesa de negociación con el objetivo de reactivar las conversaciones para el traspaso a Aragón de la transferencia de la Administración de Justicia. Más allá de la importancia de relanzar un proceso paralizado desde hace meses, la vuelta al diálogo bilateral va a poner a prueba de nuevo la sintonía entre ambas administraciones, en cuestión tras el fiasco que supusieron inicialmente los Presupuestos Generales del Estado del 2005.
El precedente de los presupuestos añade sin duda mayor incertidumbre a la cita de Madrid. Por lo pronto, los negociadores aragoneses se muestran desconfiados sobre los avances que pueda haber en ese primer encuentro hasta no conocer cuál es la oferta económica del Gobierno central. "El miércoles vamos a ir con cara de escuchar a ver lo que nos ofrecen", señala uno de los miembros de la comisión negociadora.
Será entonces cuando realmente se verá si hay voluntad o no de traspasar la única competencia de importancia que todavía falta por transferir a la comunidad autónoma.
LAS CLAVES DEL ENCUENTRO En estos momentos no hay una cifra oficial. La última oferta la realizó el Gobierno de José María Aznar. Calculó en 30,4 millones de euros el coste efectivo de la transferencia, una cifra que fue rechazada por la DGA porque era sensiblemente inferior a sus pretensiones económicas.
La cumbre del miércoles buscará el consenso en tres asuntos clave de la trasferencia: patrimonio, personal y medios informáticos. Tres cuestiones en las que no había acuerdo con el anterior Gobierno, especialmente en lo que concierne a las mejoras necesarias a ejecutar en los Juzgados de Zaragoza y en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin olvidar que en la bolsa de reivindicaciones también se incluye la construcción de los nuevos juzgados de Caspe y Fraga.
La DGA calcula que sólo la ampliación de la Audiencia de Zaragoza va a suponer un coste aproximado de nueve millones de euros, mientras que la inversión global en infraestructuras judiciales en Aragón puede ascender a trece millones.
ENTREVISTAS PREPARATORIAS El vicepresidente aragonés, José Angel Biel, que encabezará la delegación aragonesa, se ha reunido esta semana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, el fiscal jefe, José María Rivera, el juez decano, Luis Ignacio Pastor, y los presidentes de las audiencias provinciales de Huesca, Santiago Serena, Teruel, José Antonio Ochoa, y Zaragoza, Santiago Pérez Legasa, respectivamente, para analizar la negociación de las competencias.
En esa cumbre, a la que también asistieron el secretario general técnico del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, Ramón Salanova, y el director general de Servicios Jurídicos, Rafael Santacruz, los responsables de la Administración autonómica recabaron la opinión de los principales responsables de la Justicia en Aragón, quienes a su vez se comprometieron a realizar gestiones para que el traspaso sea efectivo lo antes posible, a lo largo del 2005.
Sin embargo, ni el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se atreve a dar una fecha en firme para que la gestión de la Justicia, quede en manos de Aragón.
