Tratar los residuos de los pueblos en Zaragoza incrementará el coste

El objetivo de este acuerdo, rubricado por Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ, y Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, es cumplir la directiva europea que obliga a reciclar al menos el 50% de la basura a partir del año 2020.

Esta medida, que es extensiva a todo Aragón, entrañará en principio un encarecimiento del servicio de recogida y tratamiento de residuos, pero el precio final variará en función de distintos factores, entre ellos la distancia a las seis estaciones de transferencia que se crearán en la provincia y al CTRUZ.

De momento, se sabe que el precio de tratamiento que va a cobrar el ayuntamiento es de 24 euros por tonelada, según explicó ayer Sánchez Quero, que señaló que a esa cantidad hay que sumar el «coste estimado» del transporte, situado en 14,50 euros por tonelada. En cambio, precisó, «habrá que restar el precio medio que actualmente pagan los municipios en concepto de tasa de vertido a vertederos no controlados», que es, por término medio, de 15,50 euros.

«ENCARECIMIENTO»

«Esto se dejará de pagar, por lo que el precio medio de la tonelada oscilará entre los 20 y los 23 euros», afirmó el presidente de la Diputación de Zaragoza, quien indicó que esa cantidad será abonada por los municipios y los consorcios encargados de recoger la basura en origen.

«En cualquier caso, el posible encarecimiento del servicio que se pueda producir se deberá a la necesidad de cumplir una nueva exigencia legal establecida por una directiva comunitaria», aseguró Sánchez Quero.

La tasa que la Diputación de Zaragoza tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza por el traslado de los residuos de los municipios de la provincia será la establecida en cada momento para las entidades locales en la ordenanza municipal que regula el uso del CTRUZ. Y, posteriormente, la DPZ facturará a los ayuntamientos la cantidad que corresponda a cada uno de ellos.

«Se tiende a que todos paguen por igual», subrayó, por su parte, Pedro Santisteve. «Zaragoza no puede subvencionar este servicio a los pueblos porque hay que tener en cuenta los costes del vertedero, desde el sellado a la habilitación de nuevos espacios», añadió el alcalde zaragozano.

Sánchez Quero abundó en la misma idea. «El transporte lo tienen que pagar los pueblos, al igual que el tratamiento», continuó. «Los pueblos, los vecinos, tienen que pagar más porque una norma europea obliga a que en el 2020 se recicle el 50% de los residuos producidos».

El presidente de la DPZ informó de que la institución provincial destinará unos siete millones a la construcción de seis plantas de transferencia y una serie de camiones para el transporte de basura.

Recordó, además, que en el 2014 el Ayuntamiento de Calatayud presentó un proyecto para hacer una planta de reciclaje para 40.000 toneladas al año, con un coste de la tonelada alrededor de los 70 euros. En cambio, añadió, «en Zaragoza se van a traer 80.000 toneladas anualmente y el coste para los ayuntamientos va a ser un tercio del que tendrían en Calatayud», subrayó.

«Si no existiera la planta de tratamiento de Zaragoza, tendríamos un problema muy grave», reconoció Sánchez Quero en referencia a la falta de capacidad financiera de las zonas rurales de la provincia para crear su propia red de centros de tratamiento de residuos.

PRORROGABLE

El convenio firmado ayer, que recoge las condiciones económicas y técnicas para los municipios que así lo soliciten, estipula que la duración del mismo será de cuatro años, prorrogable por otros cuatro más.

El convenio será objeto de seguimiento por parte de una comisión mixta y paritaria entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la diputación provincial que se reunirá una vez cada seis meses.

La entrada en el convenio solo es voluntaria en apariencia. La normativa de la Unión Europea, con el ultimátum fijado en el 2020, no deja lugar a dudas ni a excepciones. Con todo, no se descarta que se pueda ampliar el plazo si hay problemas para cumplir la directiva.