Trece familias reclamaron ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza los 72.000 euros (6.000 cada una, salvo dos que pusieron la mitad) que entregaron como señal a la cooperativa Riveras del Canal, por unas viviendas que no llegaron a ser construidas.

Los afectados, representados por el letrado José María Lumbreras, entendían que las cantidades estaban garantizadas y avaladas, como estipula la Ley de Ordenación de la Edificación. Se encontraron con que los gestores de la empresa Iberus Management & Engineering los invirtieron en la reserva de los terrenos y la publicidad, pero la promoción no salió adelante.

Los gestores argumentaron ayer ante la jueza que los cooperativistas, entre los que se incluyen, ya sabían el riesgo que corrían al optar por esta fórmula en lugar de por una promotora convencional. Pero los afectados entienden que en realidad actuaron como una promotora encubierta, designando la constructora y el espacio sin posibilidad de intervención de los inversores, pero sí contando con su capital.