Los sistemas de videovigilancia van a ser el gran aliado del medio rural aragonés para mantener la seguridad en sus municipios aquejados por la despoblación y la obsoleta organización territorial de la Guardia Civil con cuarteles a medio gas. Prueba de ello es que un año después de que la Delegación del Gobierno en Aragón diera el visto bueno a las localidades zaragozanas de Épila y Los Fayos para la instalación de cámaras, cada vez más pueblos quieren unirse a esta medida. Los de la provincia de Teruel han sido los últimos en interesarse y ya son 13 los que han mostrado su predisposición.

El proceso a seguir es siempre el mismo. El municipio debe presentar la solicitud a la Delegación junto a una memoria con datos como: número de cámaras, zonas que cubre, empresa encargada de gestionar la información. Posteriormente, es el instituto armado el que tiene que realizar un informe técnico de viabilidad y con él se reúne una comisión de garantías en la que participa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la Fiscalía, Subdelegación del Gobierno y la propia Guardia Civil.

Paralización

La pandemia del covid-19 paralizó la tramitación que se estaba llevando a cabo con respecto a los expedientes de solicitud de cuatro municipios de Teruel. En concreto, Formiche Alto, Aguatón, Singra y Fuentespalda. Están a la espera del informe de viabilidad de la Benemérita. Todos ellos con un bajo índice delincuencia, según la Delegación del Gobierno, pero que quieren mejorar la seguridad.

Menos avanzado tienen el proceso otras nueve localidades bajoaragonesas (Mirambel, Torrevelilla, Alcorisa, Ferreruela de Fuerva, Villafranca del Cid, Albarracín, La Iglesuela del Cid, Alcaine y Bañón). Presentaron la solicitud, pero el estado de alarma hizo que quedara en pausa.

Carlos Yeguas, concejal de Patrimonio y Turismo en Alcorisa, es el que se ha encargado de realizar los trámites para la implantación de cámaras en el municipio de la comarca del Bajo Aragón, especialmente tras detectar delitos contra el patrimonio en la zona del Calvario o en la estación. Como señala el regidor de este municipio, Miguel Iranzo, «la idea es acabar con esos actos vandálicos y mejorar la seguridad porque este tipo de sistema de seguridad es especialmente disuasorio».

Por otro lado están los ayuntamientos de Alcañiz y Andorra que en la actualidad están elaborando su propio plan de videovigilancia y que deberán presentar ante la comisión de garantías puesto que, tal y como señala la delegada del Gobierno, Pilar Alegría, «hay que tener en cuenta que un municipio no puede colocar según qué cámaras porque hay unas leyes de protección individual de las personas que puede colisionar a la hora de establecer la videovigilancia, por lo que tienen que estudiarse».

En lo que respecta a la provincia de Zaragoza a los municipios de Ricla y Los Fayos se van a unir Épila y Contamina que ya han presentado información ante la autoridad competente. Otras como Balconchán y Badules están pendientes de informes de Guardia Civil.

Inicialmente este servicio quiso ponerse en marcha en las localidades en las que no hubiera Policía Local, si bien este requisito se ha suprimido. Muestra de ello es Épila donde se llegó a crear una comisión local de seguridad ante el aumento de la delincuencia de cara a mejorar la coordinación y la comunicación en materia de seguridad entre diferentes administraciones públicas.

Su alcalde, Jesús Bazán, llegó a reconocer que aunque la plantilla de la Guardia Civil está al 100% es «insuficiente». De ahí que acordara el consistorio la puesta en marcha de una Policía Local, especialmente, ante la llegada de Bonárea. El covid-19 ha retrasado también este proyecto de tener un cuerpo municipal de seguridad, por lo que el sistema de videovigilancia le va a servir a esta localidad de avanzadilla.

Satisfacción

En Ricla, donde no tienen ni Guardia Civil ni Policía Local, están satisfechos por el paso adelante que dieron hace un año para acabar con la inseguridad que sufrían, especialmente, en la época de mayor trasiego con la recogida de la fruta. Sus ubicaciones van desde las calles peatonales del centro al parque del pueblo e incluyen asimismo las entradas por carretera. Estas últimas tienen como objetivo grabar las matrículas de los vehículos que circulan por el municipio. «Se trata de una medida disuasoria muy necesaria», insiste el alcalde, Ignacio Gutiérrez, quien reconoce que al inicio el sistema provocó cierto recelo entre algunos vecinos.

De ahí que incida en la importancia del respeto a la intimidad que lleva aparejado el sistema porque las grabaciones se destruyen solo son analizadas por el instituto armado y se destruyen al cabo de un mes.

Otros municipios que ya han recibido el visto bueno de la comisión de garantías son Huesca, Fraga, Sabiñánigo, Caspe y Ejea. Concretamente, instalarán 90 cámaras en Huesca, 38 en Fraga, 29 en Sabiñánigo, 9 en Caspe y 7 en Ejea. En la próxima reunión va a analizarse si se concede o no a Arén, en la provincia de Huesca.

Este proyecto fue aprobado en el mes de diciembre del pasado año por la anterior delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, compañera de filas socialistas de Alegría. Anteriormente hubo polémica puesto que el grupo del PP en la Diputación de Huesca presentó una enmienda para invertir en la instalación de cámaras en las entradas de las localidades de menos de 250 habitantes, pero fue rechazado por falta de soporte legal.

Para la AUGC, el sistema es un parche "por la falta de agentes"

Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) la videovigilancia «no es más que un parche ante la falta de efectivos en el medio rural». «Si hubiera los 150 agentes que faltan en la provincia de Teruel las labores de seguridad ciudadana podrían ser más efectivas», señala Cristóbal Soria, quien reconoce que la instalación de cámaras «no es algo malo, pero debería ser un complemento y no la única herramienta para velar por la seguridad en un municipio». La provincia turolense es una de las que más efectivos dispone con 6,1 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 3,5. Unos datos actualizados por Interior que, en opinión de Soria, «están trampeados porque no solo se vela por la integridad de las personas, sino también por sus propiedades y en una provincia tan extensa no se vigila igual que en una donde la población está concentrada».

Una tasa de criminalidad del 19%

La provincia de Teruel tiene una tasa de criminalidad del 19%, según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, frente al 31% de toda la comunidad autónoma o el 40% que es la media del país. La comparativa de infracciones entre enero y marzo (último periodo comparado por el Gobierno de España) de los años 2019 y 2020 revela que estas cayeron un 14% en el bajo Aragón. Especialmente disminuyeron los robos en viviendas, un 41,4%; los hurtos, un 16,5% y los relacionados con la libertad sexual (agresiones y abusos), un 14,3% menos.Por contra los delitos que más aumentaron dueron la sustracción de vehículos, un 250%; el tráfico de drogas, un 100%; y los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, que representaron un 150%.