Tres exalcaldes de Teruel de diferentes partidos han sido citados en calidad de testigos por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel por las supuestas irregularidades urbanísticas en el barrio de Pomecia, una zona de viviendas ilegales del colectivo gitano que, a lo largo de los años, fue creciendo en el extrarradio de la ciudad.
Una propietaria de terrenos en la zona, la arquitecta Isabel Gorbe, mantiene que distintos consistorios ocuparon terrenos privados para construir calles y servicios, lo que en su opinión facilitó la expansión de construcciones no sometidas a control urbanístico.
Los exregidores citados son Manuel Blasco Marqués, del PP; Miguel Ferrer Górriz, del PAR, y Lucía Gómez, del PSOE. Asimismo, el juez ha llamado a otras nueve personas más, entre exconcejales y técnicos municipales, también en calidad de testigos.
La toma de declaración a los antiguos responsables municipales se producirá el mismo día, el próximo 20 de febrero, a las 10.00, las 11.00 y las 12.00 horas, respectivamente, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota en la que esta diligencia se produce después de que la Audiencia Provincial de Teruel revocara el auto de inhibición ante el Tribunal Supremo y devolviera la investigación del caso al juzgado instructor turolense.
La remisión al Supremo, que no prosperó, fue solicitada por una de las partes dada la condición de aforado de Manuel Blasco, en su calidad de diputado en el Congreso
Al día siguiente, 21 de febrero, el juez tomará declaración a los investigados Antonio Javier Marín Jiménez, exgerente de urbanismo; Jesús Fuertes Jarque, exconcejal de Urbanismo y actualmente concejal en el ayuntamiento de la capital, y Jesús Ángel Conesa Expósito, técnico del consistorio, informa Efe.
VÍA PENAL
El día 22 de febrero está previsto que acudan a declarar como testigos Santiago Hernández Luesma, intendente jefe de la Policía Local; Javier Velasco Rodríguez, exalcalde de Teruel y ex consejero de obras públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón desde el 2007; y Alejandro Cañada Peña.
Y por último, el día 23 de febrero acudirán al juzgado, en calidad de testigos, Nayibe Flórez Bezunartea, en representación de la mercantil Idom, empresa encargada de la revisión del PGOU de Teruel, y José Polo Úbeda, representante de la asociación de vecinos del barrio de San Julián y miembro fundador de la Fundación Ollerías.
La denunciante recurrió a la vía penal tras encallar el asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa. En su opinión, pudieron darse los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El conflicto lleva tres décadas en marcha, sin ninguna solución a la vista. Esto no ha impedido a Isabel Gorbe declarar en fechas recientes que está dispuesta a llegar «hasta el final» para depurar responsabilidades.
