El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a tres personas por su presunta responsabilidad en el vertido de gran cantidad de residuos peligrosos cerca de las balsas de agua potable de El Burgo de Ebro. Los hechos se denunciaron el pasado 22 de febrero a través de una llamada telefónica en la que se alertaba de la presencia de numerosas garrafas, envases y botes de productos químicos, así como de sacos con placas de aparatos electrónicos.

Los agentes fueron acompañados ese mismo día por el denunciante hasta el punto de los vertidos y comprobaron que había abundantes residuos peligrosos, principalmente garrafas de plástico azules y envases de vidrio de un litro. Algunos recipientes contenían productos químicos perjudiciales para el medio natural como ácido nítrico, ácido clorhídrico, bórax, cloruro amónico, cristalizador y metanol. Además, se encontraron placas informáticas, así como cableado, procesadores y radiografías.

El alcalde de la población manifestó a los agentes que el ayuntamiento se hará cargo de una «correcta gestión y retirada» de los residuos recurriendo a una empresa autorizada. Anunció asimismo la interposición de una denuncia contra los responsables del vertido. Los investigadores averiguaron que los materiales vertidos provenían de una sociedad que cesó su actividad en el 2011 y que se dedicaba a la obtención de metales de las placas informáticas mediante diferentes productos químicos.

Posteriormente, agentes del Seprona se dirigieron a Pinseque, donde tenía su sede fiscal la empresa, y se entrevistaron con tres personas que realizaban trabajos de limpieza en una nave industrial. El encargado de los trabajos informó de que eran empleados de una empresa ubicada en el polígono del barrio de La Cartuja, contratados por una aseguradora para realizar la limpieza de la nave.

Los investigadores inspeccionaron dos camiones que cargaban residuos a las puertas de la nave, y observaron que en uno de ellos había varios sacos con residuos peligrosos. Las gestiones realizadas permitieron determinar que la nave es propiedad de un grupo inmobiliario con razón social en Zaragoza. Al parecer, la inmobiliaria encargó las labores de limpieza a una aseguradora que, a su vez, contrató los servicios de la empresa de La Cartuja para que realizase la limpieza.