El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este jueves los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de Cataluña y las Cortes de Aragón contra la Ley de Evaluación Ambiental que entró en vigor el pasado 12 de diciembre de 2013.
La norma, rechazada por todos los grupos de la oposición durante su tramitación parlamentaria, incluye el memorando sobre el trasvase Tajo-Segura, tipifica infracciones como el suministro de combustible de barco a barco en alta mar e incluye controles ambientales a la fractura hidráulica (fracking).
En una nota, el Constitucional ha subrayado que la admisión a trámite de los recursos no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, y ha otorgado a Congreso y Senado quince días para que decidan si se personan en el procedimiento y formulan alegaciones.
Las Cortes de Aragón recurrieron la norma al considerar que vulneraba diversos artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y abría la puerta al trasvase del Ebro, mientras que el ejecutivo catalán interpuso el recurso por posible invasión de competencias de una veintena de artículos y dos disposiciones finales.
