El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno el pasado 8 de febrero contra la Ley de Derechos Históricos de Aragón y ha suspendido la vigencia de uno de sus artículos relativo a la condición de aragonés que se atribuye a "los ciudadanos españoles con vecindad civil" que así lo soliciten.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Constitucional ha acordado esta medida invocada por el Gobierno en relación a uno de los apartados del artículo 7, que regula la "condición política de aragonés y natural de Aragón". En concreto, suspende el apartado C del precepto 7.1 por el que se establece que gozan de esta condición "los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley".
El TC admite el recurso dirigido contra 23 artículos de esa ley en el resto de sus términos y da traslado de su decisión al Congreso, el Senado, la Diputación de Aragón, así como a los ejecutivos nacional y autonómico para que presenten alegaciones, de acuerdo a las mismas fuentes.
Recurso de Gobierno
El Gobierno presentó su recurso contra esta ley el pasado 8 de febrero tras no alcanzar un acuerdo con el ejecutivo aragonés para que modificase el texto sobre el que se venía trabajando en comisión bilateral.
Uno de los artículos impugnados, el primero, además de hacer referencia a que Aragón es una nacionalidad histórica, señala que la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España "no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos".
Para el Gobierno de Sánchez, la ley aragonesa "incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad" que vulneran por ejemplo la Disposición adicional primera de la Constitución, donde ya se recoge que la Carta Magna ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
A esto, suma que vulnera "los principios de soberanía nacional y constitucional y del derecho a la autonomía, y que supone una "infracción de las competencias estatales en los ámbitos específicos de patrimonio, hacienda y justicia". Se da la circunstancia de que esta ley fue aprobada en el Parlamento de Aragón con el voto favorable del PSOE, socio de gobierno en la Chunta, en junio de 2018, así como con el respaldo de Podemos, el Partido Aragonés e IU. PP y Ciudadanos se mostraron en contra.
