El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha decidido ordenar la “suspensión” del procedimiento por el que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) acordó, el pasado 11 de octubre, modificar el contrato del servicio Bizi para impulsar la ampliación de la red por toda la ciudad. La decisión, firmada el pasado día 7, fue notificada antes de que la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, presentara públicamente ayer el estreno de la primera de las nuevas estaciones, en el distrito de Casablanca, como si fuera una primera piedra de las 120 terminales que preveía esa expansión por la ciudad, 40 de ellas antes de final de año.

Junto al concejal de Ciudadanos (C’s) Alberto Casañal acudía esta mañana a la intersección entre la calle Vía Ibérica y la rotonda de Toulouse para su puesta en funcionamiento y anunciar el impulso hacia los barrios del sur de Zaragoza, ya que tras esta le seguirán otras en Valdespartera, Las Fuentes, paseo Cuéllar y Torrero, San José, el entorno de los Enlaces (en Delicias) y Oliver. Pero no apuntó la resolución del TACPA que dos días antes había firmado el presidente del tribunal administrativo, José María Gimeno.

Esta resolución respondía al recurso interpuesto por el portavoz municipal del PP, Jorge Azcón, contra la aprobación del Gobierno de ZeC que suponía una modificación del contrato con la concesionaria del Bizi, Clear Channel que entendían irregular y que, con esta suspensión, se declara momentáneamente ilegal. Tiene carácter temporal, a la espera de una resolución definitiva, pero esta es ejecutiva y el ayuntamiento tiene la obligación de acatarla y cumplirla. Por tanto ahora se abren numerosas incógnitas sobre qué va a pasar con la ampliación, qué efectos económicos puede tener esta al haber impulsado una ampliación de la red que, en el caso de la contrata, supone poner en marcha una fabricación y puesta en marcha que quizá ya nunca se lleve a cabo.

No cabe, por tanto, hacer caso omiso a la resolución del TACPA al estilo de lo que sucedió con el informe desfavorable del Consejo Consultivo de Aragón. Este apuntó a algunas de las circunstancias que también han motivado la suspensión y, aún así, el Gobierno de ZeC siguió adelante con la modificación del contrato y la ampliación del Bizi. Tampoco fue un impedimento que el pasado lunes el propio Azcón le anunciara la interposición del recurso ante el tribunal administrativo, un paso al que le obliga el propio procedimiento.

Ahora, tras el pronunciamiento que paraliza la modificación del contrato, también queda en el aire las mejoras que Artigas también anunciaba ayer que se pondrían en marcha junto a la instalación de más estaciones. Como el cambio de la línea telefónica de atención al usuario por un número gratuito con prefijo 976 u 876, que se implantaría en diciembre, o la ampliación del horario del servicio, que pasaría el próximo lunes a funcionar entre las 5.00 horas y las 2.00 de la madrugada.

De nada le han servido al Gobierno de la ciudad tener los informes favorables de Intervención y de la asesoría jurídica municipal porque todo lo acordado ahora queda oficialmente suspendido. La versión de ZeC apunta a que la única notificación del Tribunal, recibida "el pasado día 7 a las 14.00 horas", en el correo personal de un funcionario le daba " un plazo de 48 horas para entregar una documentación que se ha enviado hoy mismo" aseguró Teresa Artigas, responsable de Movilidad, a este diario. Por tanto, insistió que esta mañana desconocía que se hubiera tomado la decisión de suspender el acuerdo del Gobierno.