El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha anulado el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Huesca de municipalizar el servicio de limpieza viaria y de acoger en la empresa pública Grhusa a los trabajadores de la empresa que ostentaba la contrata del servicio, FCC.

El contenido de la sentencia ha sido dada a conocer hoy en rueda de prensa por el portavoz municipal del PP en el Consistorio oscense, Gerardo Oliván, para quien la iniciativa del grupo de gobierno en coalición ignora los principios constitucionales de acceso a un empleo público.

La resolución, promovida por el PP a través de un recurso, anula el acuerdo adoptado en pleno por el equipo de gobierno de encomienda de gestión del servicio de limpieza al Consorcio para la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación 1 a través de la sociedad pública propia Grhusa.

El acuerdo de encomienda, declarado ahora nulo por el Tapca, entró en vigor el pasado 1 de julio, situación que, según Oliván, obligará al concejal responsable de la iniciativa, Luis Arduña (Cambiar Huesca), a adoptar medidas para la prestación del servicio.

En su resolución, el tribunal ve la encomienda "contraria a la normativa de contratación pública" y subraya que la decisión adoptada "esconde una adjudicación directa de un contrato público".

El portavoz popular, que se ha referido a Arduña como "discípulo" del consejero de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha señalado que la sentencia pone en cuestión uno de los "acuerdos estrella" del equipo de gobierno local, "en la línea de los gobiernos del cambio y del mantra de municipalización".

Ha añadido que los principios ideológicos esgrimidos por el concejal responsable de la medida obvian el contenido de la Ley de Contratos Públicos y desvirtúan la legalidad vigente.

Tras calificar el acuerdo anulado de "rotundo fracaso jurídico", el concejal popular ha instado al alcalde de la ciudad, Luis Felipe, a prescindir de Luis Arduña, "una oportunidad -ha añadido- para librarse del secuestro al que le tienen sometido sus socios de gobierno".

Ha advertido, además, que la resolución, en caso de ser recurrida ante la jurisdicción de lo contencioso para pedir una suspensión cautelar de la medida, podría encarecer el servicio de limpieza viaria en 300.000 euros hasta final de año, fecha en la que finaliza el acuerdo de encomienda.

Oliván, que no ha descartado la posibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales ante el posible encarecimiento del servicio, ha destacado, además, que la resolución del Tapca es la primera que se adopta en el país de sus características, por lo que podría ser objeto de estudio en otros municipios donde se han planteado iniciativas similares.