El Tribunal de Cuentas ha constatado "importantes demoras" en las resoluciones de reconocimiento de las prestaciones de dependencia por parte de las comunidades autónomas, que incumplen el plazo de seis meses previsto desde la presentación de la solicitud.

El informe de Fiscalización del Pleno del Tribunal de Cuentas sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades para la adecuada aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia critica también la "excesiva dispersión normativa".

El documento, aprobado el pasado 29 de mayo, concluye que continúan produciéndose "importantes demoras" en las resoluciones y, en conjunto, el plazo medio de resolución entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2013, se eleva a un total de 219 días (algo más de siete meses).

Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Asturias superan los 300 días de plazo.

Se ha constatado que algunas comunidades no reconocen la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, "lo que frecuentemente conlleva (...) una importante demora adicional en su efectividad".

El Tribunal de Cuentas advierte de que, a pesar de que las autonomías han conseguido reducir durante 2012 y 2013 las solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación (se ha pasado de 305.901 a 190.503 personas), "el número sigue siendo elevado".

Ocho son las comunidades (Canarias, Murcia, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha) que superan la media nacional (20,17 %) del citado número de solicitudes pendientes y en ellas se concentra el 75 % de los beneficiarios que están pendientes de percibir prestación.

En términos relativos, "resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de beneficiarios sin prestación de Canarias (52,74 %)", asegura el documento.

Andalucía, por su parte, es en términos absolutos la que concentra el mayor número de personas con dependencia reconocida que están pendientes de recibir la prestación a la que tienen derecho (53.981 personas, 28,34 % del total nacional).

En sentido contrario, se destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, en donde solo el 1,66 % de las personas dependientes con derecho a prestación están a la espera del reconocimiento.

Mantienen listas de espera inferiores a la media nacional Cantabria, La Rioja, Navarra, Madrid, País Vasco, Cataluña, Asturias y Extremadura.

También hay "excesivas demoras" desde las comunidades a la hora de introducir mensualmente la información que requiere el Sistema de Dependencia, tanto en el registro de expedientes nuevos como en la actualización de los restantes datos.

En 2012 se acordó que las comunidades introdujeran mensualmente la información que requiere el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (Sisaad), pero el Tribunal ha constatado demoras por parte de la Comunidad Valenciana y, "en menor grado, pero en todo caso como un retraso muy importante", de Cantabria, País Vasco, Madrid y Navarra.

Se han constatado asimismo "debilidades" relativas a la identificación de los beneficiarios, "lo que en ocasiones es causa de las restantes deficiencias", según el informe.

Entre las recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas se encuentra que las comunidades adopten medidas, tanto de gestión como presupuestarias, para evitar el incumplimiento del plazo de seis meses para reconocer las prestaciones.

Además, aconseja que las autonomías aseguren el control contable de todo gasto destinado a la atención a la dependencia y que mejoren el control de vivencia de los beneficiarios.