La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha elevado en apelación las indemnizaciones fijadas en primera instancia para dos odontólogas que condenadas por una imprudencia profesional grave al realizar una operación dental sin cerciorarse previamente, mediante un TAC, de que la paciente padecía desde hacía 15 años un grave edentulismo (pérdida de piezas dentales) de larga evolución. Los hechos se produjeron en la capital aragonesa en febrero del 2016.

Inicialmente, Saida C. A. y Stephanie S. B. fueron condenadas como autoras criminalmente responsables de un delito de lesiones por imprudencia profesional grave del a la pena de 6 meses de multa y 6 meses de inhabilitación profesional, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, ejercida por la letrada Carmen Sánchez Herrero. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se les impuso la suma de 2.800,50 euros.

Sin embargo, el tribunal que ha visto los recursos presentados por todas las partes, ha variados los hechos demostrados y ha fijado una indemnización por lesiones por importe de 4.210,50 euros y otra por daño moral por 15.000 euros, más los intereses legales.

Los hechos probados recogen que, al no practicar la prueba del TAC, “no se detectó la más que previsible falta de hueso y espacio suficiente para la colocación de implantes, por lo que estos fracasaron”. Y, como consecuencia de ello la paciente padeció fuertes dolores, dificultar para comer, perjuicio estético y varias lesiones en la boca. Para curarla, fue necesario un tratamiento médico consistente en la retirada de la prótesis, sin dejar secuela alguna. Tardó en recuperarse 51días y el coste del tratamiento se presupuestó en 17.300 euros. Sin embargo, concedida una subvención del 85%, la perjudicada debía abonar 2.595 euros, para lo que se le concedió un préstamo en el banco Cetelen. La clínica dental descontó e ingresó en dicho banco 547,50 euros, restando por tanto de abonar a la paciente 2.020,50 euros.