Félix G. V. lleva algo más de un año internado en la Enfermería de la cárcel de Zuera. Con 70 años cumplidos está postrado en una silla de ruedas y necesita ayuda para lavarse y para comer. Cree que está en un hotel y apenas ninguno de sus pocos familiares se interesa por su situación.
El viernes, tras una vistilla que evitará la celebración de un juicio con jurado, fue declarado, por acuerdo de la Fiscalía y la defensa, culpable de la muerte a golpes de Santiago A. D., un interno de la Casa de Amparo con cuya vida acabó a golpes el 20 de abril del año pasado. Le molestaba el ruido que hacía.
La sentencia, que la Sección Primera de la Audiencia Provincial hará pública esta semana --el ponente es su presidente, Julio Arenere--, le absolverá del delito al aplicarle la eximente de trastorno mental y le aplicará una medida de seguridad de 13 años de internamiento en un centro psiquiátrico.
La ejecución de esa sentencia pone al tribunal, de nuevo, en una tesitura similar a la que resolvió con Fidel L. F., al que en noviembre del 2010 impuso una medida de internamiento de cinco años por el intento de homicidio de su esposa. Le atacó con el cuchillo de untar la mantequilla, con el que solo le causó unas lesiones superficiales.
Este anciano, abandonado por su familia, pasó con 92 años varios meses en la Enfermería de Zuera tras obtener la libertad provisional porque nadie se hizo cargo de él. Padecía una depresión crónica y una demencia senil de origen arterial que mutilaron su conciencia y le postraron en una silla de ruedas.
El empeño del secretario de la Sección Primera, Eduardo Cativiela, y de la letrada del condenado, Ana Herrando, lograron que pasara los últimos tres años y medio de su vida --falleció en febrero-- en un geriátrico donde recibió cuidados sociosanitarios.
En el caso de Félix G. V. --nadie ha instado su incapacitación-- la Audiencia se encuentra de nuevo ante la disyuntiva de enviarlo al psiquiátrico penitenciario alicantino de Fontcalent --por allí pasó Hakima B. M., la joven marroquí que en octubre del 2011 y afectada por un brote psicótico casi mata a golpes a su bebé, al que creía poseído por el demonio-- o de buscarle una plaza en un centro sociosanitario, una situación mucho más adecuada para una persona que presenta un cuadro físico y mental como el suyo.
Para lograr ese objetivo, no obstante, requerirá de la colaboración de los Servicios Sociales de la DGA. En el caso de Fidel L. F., la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza tuvo que emplearse a fondo para que los gestores del Estado del bienestar se aplicaran en su tarea.
Félix G. V. coincide en la enfermería de Zuera con Antonio L. A., un octogenario que en febrero aceptó ante el mismo tribunal de la Audiencia doce años y medio de prisión por haber matado a su esposa en su apartamento de Sant Carles de la Rápita en octubre del 2012. Cuarenta años de matrimonio acabaron, tras una discusión por una perrita, con un crimen en el que estranguló a su esposa tras golpearle en la cabeza con una botella.
En este caso es su letrado, el penalista José Cabrejas, quien, tras cerrar con la Fiscalía un acuerdo que evitó un costoso juicio con jurado, está tratando de hacer más llevadera la última fase de la vida del anciano: la Junta de Tratamiento de Zuera tiene sobre la mesa una petición en la que, apelando al "principio de humanidad y el respeto a la dignidad de la persona", solicita que sea clasificado en tercer grado y acceda a la libertad condicional, situaciones para las que, dada su edad, cumple todos los requisitos legales.
